El Gobierno prefiere parar su tramitación para seguir dialogando



25 may 2015. 13.45H
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Redacción. Madrid
La Ley de Colegios Servicios Profesionales se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. La norma ha sido aparcada, después de que fuera aplazada sine die por el Ministerio de Economía y Competitividad y que más tarde el propio Partido Popular, a través de su secretaria general, confirmara que el proyecto de reforma se retiraba de forma definitiva.

Rafael Catalá.

Ahora, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que "la Ley de Servicios Profesionales, tal y como estaba redactada planteaba más problemas que resolvía y un Gobierno está para resolver problemas, por lo que no hemos tenido ningún empacho en parar su tramitación para seguir dialogando y colaborando con los colegios profesionales".

Una decisión meditada a pesar de que el Ejecutivo ha reconocido “una enorme presión por parte de las instituciones comunitarias” para sacar adelante la nueva normativa, que reducía drásticamente las profesiones para las que se prevé la colegiación obligatoria, entre otras medidas.

Lo cierto es que las discrepancias dentro del Gobierno en torno a esta iniciativa han sido evidentes. El Ejecutivo se ha dividido en dos facciones: una la encabezada por el partido en el Gobierno, en línea directa con Presidencia, que veía en la reforma un sinónimo de pérdida de votos; y otra nueva liderada por el  ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aboga por volver a sacar el proyecto a consulta y que ahora se posiciona para liderar la nueva redacción de la norma (si el PP gana las generales) tras el fracaso de De Guindos.

En el aparato político del PP no quieren oír hablar de medidas de calado que puedan levantar polvo de cara a las elecciones generales, lo cual pospone la nueva redacción a 2016, en el mejor de los casos. En su carrera ascendente, el sucesor de Alberto Ruiz Gallardón en la cartera de Justicia ha estado muy cerca de los colegios, también de los sanitarios (fue director general de la Función Pública del 96 al 99 y gerente del Hospital Ramón y Cajal en 2004 y 2005), lo cual le daría puntos para ejercer el liderazgo en la futura reforma.

Hasta su paralización, el contenido de los numerosos borradores articulados por Economía ha levantado las iras de gran parte del millón de profesionales afectados por esta ley en España. Entre ellos, los colegios sanitarios, airados por varios puntos de la normativa como la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de las cuotas a 20 euros mensuales, el intervencionismo del Estado en caso de “mal funcionamiento” del colegio o, el más polémico de todos, el régimen de incompatibilidades que obligaba a los representantes sanitarios a no simultanear cargos colegiales con puestos en mutuas, sindicatos o partidos políticos.

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