Fernando Martín, presidente de ConELA, y Mónica García, ministra de Sanidad.
El PSOE tiene sobre la mesa la exigencia de su socio de Gobierno, Sumar, de inyectar a través de la Administración General de Estado
900 millones de euros a la Ley de Dependencia para sufragar, entre otras cosas, el
desarrollo de la ley ELA en 2025, más allá del
plan de choque de 10 millones de euros que impulsará el Ministerio de Sanidad.
Más allá de que se acabe cumpliendo o no, lo que no ha revelado el partido de Yolanda Díaz aún es en base a qué datos ha hecho ese cálculo, y lo cierto es que todavía
no existe un registro estatal de personas afectadas de ELA a partir del cual poder sacar conclusiones presupuestarias.
De hecho, esa es una de las peticiones que la Confederación Española de Entidades de ELA (ConELA) trasladará a las comunidades autónomas: que cada región haga su propio estudio de afectados para poder ir dando forma a esa suerte de registro estatal. Esa, según la Confederación, es la clave para poder calcular el
presupuesto necesario para sufragar las medidas incluidas en la ley.
En todo caso, fuentes de ConELA, consultadas por
Redacción Médica, acogen con satisfacción la medida planteada por Sumar al PSOE.
"Ojalá den ese paso", trasladan a este periódico. El 31 de octubre está previsto que el Gobierno traslade a las comunidades autónomas su
propuesta de plan de despliegue de la Ley ELA, un encuentro que será clave para el desarrollo normativo completo...
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