Quieren que lo investiguen por "presuntas irregularidades, ilegalidades y prevaricación por parte de las autoridades"

Los pacientes llevan a la Fiscalía el concurso de oxigenoterapia de Murcia
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.


4 abr. 2018 18:40H
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Los pacientes quieren que el polémico concurso de terapias respiratorias domiciliarias (TRD) de Murcia sea investigado por la justicia. Así, se ha remitido una carta a través de una asociación nacional de pacientes que, según ha podido saber Redacción Médica, ya está en poder de uno de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El texto refleja la petición de “intervención e investigación por las presuntas irregularidades, ilegalidades y prevaricación por parte de las autoridades en el concurso de TRD” murciano. Así, ahora esperan que la Fiscalía acepte su tramitación y comenzar la investigación porque, como reconocen estas fuentes, “el tiempo apremia”.

Estas mismas fuentes señalan que el documento se ha dividido y explicado en los siguientes epígrafes: “Los 40.000 pacientes afectados; las patologías que estos presentan; la bajada de precios que mantiene el Gobierno murciano; por qué empresas sin apenas experiencia (en referencia a Acciona y Ferrovial) se presentan al concurso, así como el por qué se les ha excluido de todas las autonomías donde lo han intentado; el perjuicio que crearían; y las iniciativas que se han hecho para que el concurso se suspenda”.

Aunque la respuesta de la Fiscalía llegara con el concurso ya resuelto, los pacientes confían en que la actuación del fiscal será “enviarlo al juzgado”. “No se quedará ahí”, sentencian confiados en un camino, el judicial, que llega después de que entregaran más de 116.000 firmas solicitando la suspensión del citado concurso público. Una medida más contra una iniciativa del Gobierno murciano que preocupa por igual a neumólogos y pacientes tanto por la infrafinanciación como por las inexpertas empresas (Ferrovial y Acciona) que podrían lograr la licitación y que en varias autonomías como Castilla-La Mancha, Galicia o Aragón ha sido excluidas del proceso.
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