Madrid recurre el decreto de Sánchez para crear universidades privadas

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, que modifica los criterios necesarios para la creación, reconocimiento y autorización de estos centros educativos, entre ellos los que ofrecen el grado en Medicina. Desde el gobierno autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso, lo consideran "arbitrario", ya que se ha elaborado "sin ningún tipo de negociación" ni "consenso" y por "atacar las competencias de las comunidades autónomas". 

"El artículo 27 de la Constitución española reconoce a las autonomías la capacidad para desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que al Estado le fija esa capacidad de normativa básica que creemos que ha extralimitado con la aprobación de este decreto", ha señalado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la región, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. 

La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez surge ante el crecimiento de la universidad privada y ante el temor de que su expansión desmedida derive en la aparición de centros que incumplan los estándares de calidad formativa e investigadora, tal como informó este periódico. En ese sentido, se establecen mínimos para la apertura de universidades, que también deberán cumplir los centros que ya están en funcionamiento. 

Cuestionamientos a la tramitación del Real Decreto 

Sin embargo, la región madrileña considera que el real decreto "supera" todos los ámbitos recogidos en la Constitución y "deja muy poco margen" a las comunidades autónomas para "aplicar su propio modelo". "Por tanto, presentamos a través de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid este recurso, con una motivación muy clara: este real decreto es puramente ideología y no responde a la búsqueda de verdadera calidad en las universidades españolas y madrileñas", ha enfatizado García Martín. 

El consejero también ha explicado que "las restricciones aprobadas a las universidades privadas podrían suponer una infracción al artículo 27 de la Constitución", que "reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes".

En la misma línea de los argumentos planteados, el consejero ha insistido en que el real decreto se ha tramitado "con total opacidad", que no ha sido sometido a consulta pública previa y tampoco ha contado con la participación ni de las comunidades autónomas, ni de los órganos de coordinación ni de los de cooperación como la Conferencia General de Política Universitaria. "Por tanto, es un atropello a las competencias autonómicas, a la libertad de empresa, a la libertad de cátedra y a la de educación", ha enfatizado, subrayando que desde la Comunidad de Madrid se establecen "controles claros" al momento de incorporar centros educativos públicos o privados. 

Mínimo de estudiantes con la nueva norma

La norma planteada exigirá un número mínimo de 4.500 estudiantes a alcanzar durante los seis primeros años desde el inicio de la docencia. Si se observan las 17 universidades privadas que ofertan el grado de Medicina, seis de ellas no alcanzan esta cifra para el curso 2025/2026. Se trata de la Universidad Loyola de Andalucía -4.155 alumnos entre grado, máster y doctorado-, la Universidad Cardenal Herrera-CEU -3.907-, la Universitat Internacional de Catalunya -2.138-, la Universidad San Jorge -2.236-, la Universidad Fernando Pessoa-Canarias -974- y la Universidad CEU-Fernando III -1.492-. De estas, solo la última estaría en el plazo fijado, al haber sido fundada en 2023, según ha comprobado este diario.