La norma planteada exigirá un número mínimo de 4.500 estudiantes, entre otros requisitos.
La
universidad privada no deja de crecer en España. Desde el Gobierno temen que su expansión desmedida pueda derivar en la aparición de centros que no cumplan los estándares de calidad formativa o investigadora. Motivo por el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha propuesto un nuevo Real Decreto que
modifica los criterios necesarios para la creación, reconocimiento y autorización de este tipo de instituciones académicas. Unos requisitos que deberán cumplir las entidades en proceso de aparición, pero también las ya existentes, tanto públicas como privadas. Algo que no logran todas las que ofrecen
el grado en Medicina.
Según la iniciativa aprobada el pasado mes de octubre en Consejo de Ministros, los informes emitidos por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) serán
vinculantes para la aprobación de nuevos campus universitarios. Asimismo, se establecen una serie de mínimos para la apertura de universidades, que también tendrán que ser cumplidos por las que ya están en funcionamiento.
Por ejemplo, la norma planteada exigirá un número mínimo de
4.500 estudiantes a alcanzar durante los seis primeros años desde el inicio de la docencia. Si nos fijamos en las 17 universidades privadas que ofertan el grado en Medicina se observa que
seis de ellas no alcanzan esta cifra para el curso 2025/2026. Se trata de la Universidad Loyola de Andalucía -4.155 alumnos entre grado, máster y doctorado-, la Universidad Cardenal Herrera-CEU -3.907-, la Universitat Internacional de Catalunya -2.138-, la Universidad San Jorge -2.236-, la Universidad Fernando Pessoa-Canarias -974- y la Universidad CEU-Fernando III -1.492-. De estas, solo la última estaría en el plazo fijado, al haber sido fundada en 2023.
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Las universidades cuentan con un plazo de seis años para aumentar su volumen de estudiantes
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La legislación ofrece un margen para el cumplimiento de esta característica. En concreto,
contempla seis años para alcanzar la masa crítica de 4.500 estudiantes, según ha indicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "No se pretende cerrar ninguna, solo mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema", han recalcado desde el departamento gubernamental. "Dispondrán de tiempo suficiente para adaptarse", han agregado.
Además, recibirán
ayuda por parte de las agencias de acreditación autonómicas, que realizarán un análisis del grado de cumplimiento de este criterio y podrán determinar un tiempo para cada universidad si es necesario. Es más, en algunos casos se rebajará el número de estudiantes exigidos a los 3.150.
Mayor variedad formativa
La calidad de la institución también vendrá dada por
su oferta mínima de enseñanza. En concreto, el proyecto de Real Decreto pide que las universidades dispongan de diez grados, seis másteres y tres programas oficiales de doctorado. Cada nivel debe contar con tres ramas de conocimiento distintas -Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Humanidades y Artes-.
Prácticamente todas las universidades privadas cumplen con este apunte, aunque hay excepciones, especialmente en
el caso del doctorado. La Universidad Alfonso X el Sabio cuenta con tres vías para su realización, pero no cumple con la diversidad temática, al ser sanitarios o científicos. Mismo problema padece la Universidad Camilo José Cela, que no registra tres ramas distintas en su formación doctoral. Por su parte, la Universidad San Jorge y la Universidad CEU-Fernando III ofrecen únicamente dos vías, por lo que no llegarían a las tres demandadas.
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La variedad de las líneas doctorales se atasca en determinadas universidades privadas
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A nivel de oferta, la
Universidad Fernando Pessoa-Canarias es la que ofrece menor variedad. Y es que el centro no cumple ni en número de programas de doctorado, ni en áreas de conocimiento, al ubicarse todos los grados y másteres en los campos de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.
Problemas de alojamiento
A su vez, las instituciones académicas deberán de confirmar que el 50 por ciento de su plantilla docente esta compuesta por doctores y que el 2 por ciento de su presupuesto anual se destina a la captación de proyectos de investigación. A su vez, los centros garantizarán
el alojamiento al 10 por ciento del alumnado.
Este último punto
se entrevé uno de los más complejos de lograr por la mayoría de las entidades, tanto nuevas como activas. En el caso de estas últimas, las universidades con un volumen importante de estudiantes presentan dificultades para dotar de residencia a uno de cada diez alumnos.
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La mayoría de universidades no cumplen con los mínimos de alojamiento
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Esta situación se repite en casi todos los centros, que suelen
contar con al menos un colegio mayor propio y servicios de ayuda para la búsqueda de vivienda. Es más, algunas dependen casi exclusivamente de esta última alternativa, como es el caso de la Universidad Católica de San Antonio o la Universidad Fernando Pessoa-Canarias. Motivo por el que se prevé que la mayoría tengan que aumentar el número de plazas para acoger a estudiantes.
Entre
los pocos que cumplen este requisito, la Universidad CEU-San Pablo y la Universidad de Vic. Ambas ostentan colegios mayores y colaboran con una amplia red de residencias universitarias independientes, lo que les permite ubicar a su alumnado. Cerca se queda también la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad de Deusto.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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