El Gobierno regional acata la decisión del TSJM, que estimó la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que inicia los trámites para crear el registro de objetores del aborto
Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.


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La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para crear el registro de objetores de conciencia para practicar Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) en la sanidad pública, en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad un proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad para someterlo a consulta pública. A partir de este jueves se abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones al proyecto.

La decisión del Gobierno madrileño llega después de que, en marzo, el TSJM ordenara al Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso iniciar los trámites para crear el registro de objetores, una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad, representado por la Abogacía del Estado, para que se aplicara la Ley del Aborto de 2023.

La resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro, pero sí el inicio de los trámites administrativos necesarios para su futura implantación basándose en el protocolo consensuado, por unanimidad, en el Consejo Interterritorial el 16 de diciembre de 2024.

Requerimiento del Ministerio de Sanidad


En octubre, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a las tres comunidades que aún no habían puesto en marcha el registro de objetores de conciencia: Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid. Un mes después, Mónica García anunció que su departamento interpondría un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM contra la Comunidad de Madrid si no acataba el requerimiento ministerial. Según dijo, el Gobierno madrileño había declarado “la rebelión” a “la ley, a la democracia y a las mujeres”.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró en su momento que en su región no se iba “a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan”, ni tampoco “a los que practican aborto o no practican aborto”. “Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente”, aseguró en noviembre. El ministerio formalizó el recurso contra el Ejecutivo madrileño en enero.

Mónica García reacciona: "Ganamos"


Mónica García ha reaccionado en su cuenta de X a la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la resolución judicial. “Ganamos. Del ‘váyanse a otro lado a abortar’ a iniciar los trámites para cumplir la ley. Han tenido que pasar meses, un recurso judicial y un auto del TSJM. Pero hoy Madrid deja de ser la excepción y empieza a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública”, ha publicado.
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