Lluvia de ideas a la Ley de Salud Pública de Madrid: de la privada al 112

Nadie quiere quedarse fuera de la futura Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El proyecto que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad ha recibido 42 aportaciones de diferentes organizaciones sanitarias, colegios profesionales o empresas del sector que quieren poner su granito de arena en el desarrollo de la nueva legislación. Sus alegaciones han llegado durante una fase de consulta pública que se ha lanzado antes de que haya un primer borrador. El aluvión de ideas anticipa un texto de máximo consenso en el que se abordarán toda una serie de desafíos, desde quiénes son los profesionales sanitarios encargados de liderar esta revolución hasta cuáles son los recursos de personal y financiación necesarios para acometer esta transformación.

Buena parte de las ideas plasmadas tienen que ver con los actores encargados de tener un rol activo en las labores de Salud Pública. Es ahí donde colectivos como los profesionales de emergencias del 112, los farmacéuticos de oficina, los fisioterapeutas, los ópticos, los terapeutas ocupacionales, los veterinarios o el personal de las residencias han pedido que se les haga una mención especial en la futura normativa para que no se supedite exclusivamente al médico. Un papel al que también aspira la sanidad privada madrileña. 

Los autores de las alegaciones también han entrado a fondo en el contenido de la potencial ley con una serie de propuestas dirigidas a cubrir la Salud Pública en su máxima expresión. Las funciones específicas de los sanitarios, el desarrollo del concepto ‘One Health’, los modelos de prevención combinada, la apuesta por los cribados, la conectividad de las pruebas, la innovación ambiental, la prescripción de ejercicio o la alimentación son algunos de los puntos calientes que han pedido que se aborden.

Además, los colectivos profesionales también han puesto el foco en las patologías sobre las que hay que situar el foco si se quieren mejorar los indicadores de Salud Pública en la región. Las enfermedades raras, el cáncer, hepatitis víricas, los problemas cardiovasculares y respiratorios, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), la diabetes, las patologías endocrino-metabólicas, la salud mental, el autismo o el trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF) son solo algunos de los ejemplos reflejados en la batería de aportaciones.

Las funciones en Salud Pública

Entre los organismos sanitarios que han presentado sus propuestas, figura el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), que todavía permanece en funciones después de que el relevo en la presidencia haya quedado judicializado. En su texto, han insistido en la importancia de que la nueva ley determine las funciones esenciales de salud pública (FESP) con una lista que emule las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, pretenden adaptarse al conocimiento actual que hay en esta materia después de las experiencias provocadas por la pandemia de Covid-19 o por el virus del Ébola.

“Dado que dichas funciones maximizan los beneficios en materia de salud con los recursos disponibles y fomenta la resiliencia, a la vez que reduce la vulnerabilidad de la población y la carga general sobre el sistema de salud, resultaría deseable que las mismas tuvieran su plasmación en la futura norma”, han reclamado desde la institución.

También ha presentado su propia hoja de ruta la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc) que ha apuntado a la importancia de que la ley refuerce el actual sistema de vigilancia e incorpore nuevas herramientas para captar y manejar los datos. Además, han propuesto que la actividad asistencial de los microbiólogos esté disponible las 24 horas el día para “garantizar una respuesta ágil que permita decisiones clínicas en tiempo real”.

“Es necesario que el anteproyecto de ley contemple la coordinación entre laboratorios de diferentes niveles, criterios homogéneos para la vigilancia epidemiológica y protocolos de intercambio de información entre los distintos agentes implicados y garantizar la interoperabilidad técnica entre los sistemas”, han apostillado.

A la ecuación también se suman las iniciativas recogidas por la Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva (SMMP) que ha puesto el foco, por ejemplo, en la importancia de abordar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), que consideran un “problema prioritario” para la salud pública. La ampliación de la vigilancia con nuevos estándares internacionales, la combinación de los datos de la historia clínica, la creación de un nuevo organismo autonómico específico para la prevención y control de infecciones o la ampliación de las competencias sobre vacunación son algunas de sus ideas clave.

La sanidad privada pide paso en Salud Pública

Al debate abierto sobre la Ley de Salud Pública también se ha sumado el sector privado. La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (Achpm) ha solicitado que se tenga en cuenta su papel en la redacción de la ley, aunque han pedido que la fórmula jurídica escogica sea una nueva normativa de ordenación del sistema sanitario, en la que se atienda a un modelo de colaboración bajo la idea de 'One Health'. “El Covid-19 puso de manifiesto la disposición pero, sobre todo, la capacidad del sector sanitario privado para afrontar junto con la sanidad pública las necesidades sanitarias y de todo orden que surgieron para afrontar aquella pandemia”, han expuesto.

También se ha sumado a la iniciativa Farmaindustria que ha presentado una batería de tres grandes propuestas para incluir en el texto. La patronal del sector farmacéutico ha apuntado a que es necesario crear un registro regional de vacunación que permita monitorizar las tasas de coberturas segmentadas por edad, riesgo o colectivos profesionales. También ha reclamado campañas específicas para cada grupo poblacional, así como la creación de un organismo regional de Salud Pública.

“Este ente permitiría centralizar la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la coordinación intersectorial, asegurando una respuesta ágil y efectiva ante crisis sanitarias, al tiempo que fortalecería la estructura de prevención y preparación en tiempos de normalidad”, han apostillado.

La voz de la industria farmacéutica

A pesar de esta representación general, también han sido varias las empresas del sector que se han pronunciado a título particular. Es el caso de Abbott, Gilead, Bavarian Nordic, Chiesi o Sanofi. Entre las grandes medidas planteadas por las compañías figura el establecimiento de una conectividad digital para las pruebas diagnósticas, la financiación progresiva de las medidas acordadas en la última actualización de la Cartera de Servicios Comunes del SNS, el fomento de los cribados, la prevención combinada de enfermedades infecciosas o la mejora en la colaboración interadministrativa.

Las empresas de la industria ‘pharma’ también han puesto el foco en otros asuntos clave como el establecimiento de un mecanismo automático que priorice las amenazas para la salud pública, el desarrollo de reservas estratégicas de vacunas o un enfoque que también tenga en cuenta los riesgos químicos, radiológicos, nucleares y la resistencia antimicrobiana. El sector también ha reclamado que se reconozca la innovación medioambiental con incentivos para las empresas que reduzcan la huella de carbono, así como que se implanten cribados en el ámbito de las enfermedades respiratorias o la diabetes, entre otros.

Paralelamente, la lista de peticiones corporativas también comprende un aumento del presupuesto en prevención que acerque a la región a la media europea, especialmente en el gasto para el acceso a medicamentos esenciales y vacunas, la adaptación de los marcos regulatorios en este campo o el desarrollo de programas de detección temprana que se pongan en marcha en fases presintomáticas.

Las farmacias, agentes clave

Buena parte del debate sobre el futuro de la Ley de Salud Pública ha estado centrada en los profesionales que deben tener un papel directo en estas nuevas funciones. Desde la Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española (Cofares) han planteado que la farmacia comunitaria, por su cercanía con los ciudadanos, es un “elemento indispensable” para analizar el impacto de los determinantes sociales en la salud pública. Mientras que también pueden actuar con campañas informativas, prevención y promoción de la salud. 

"Por ese motivo consideramos que las administraciones sanitarias deberían adoptar medidas que refuercen el papel de la farmacia a la hora de definir los servicios en salud pública, dotándola de un mayor protagonismo en el impulso de las campañas de promoción y prevención de la salud impulsadas por las administraciones públicas y haciéndolas partícipes de su elaboración", han apuntado.