Marciano Gómez.
El TSJCV obliga a la Conselleria de Sanidad a ampliar la información sobre los pagos a la sanidad privada
La sentencia del alto tribunal emplaza al departamento que dirige Marciano Gómez a publicar el desglose de gasto sobre las derivaciones a centros privados en 2024 y 2025, tal y como había requerido el PSPV
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por el PSPV-PSOE para reclamar a la Conselleria de Sanidad más información sobre las derivaciones a la sanidad privada. De esta manera, el alto tribunal ordena al departamento que dirige Marciano Gómez que entregue información detallada sobre los pagos abonados a centros privados en el marco del Plan de Choque contra las listas de espera durante los ejercicios 2024 y 2025.
La demanda parte de la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en el parlamento autonómico, Yaissel Sánchez, quien esgrimía que la negativa a presentar la información tal y como la reclamaba su partido vulneraba el derecho fundamental de acceso a la información pública (artículo 23.2 de la Constitución Española). En el origen del conflicto se encuentra el rechazo de Sanidad a ofrecer las cifras desglosadas por anualidades. Tras la demanda formulada por los socialistas, Sanidad remitió una ampliación de datos agrupada en un único bloque bienal, cuantificando el gasto conjunto en 331 millones de euros entre 2024 y 2025. El departamento justificó la imposibilidad de individualizar la estadística por años alegando una "gran complejidad técnica" provocada por la migración y cambio de sus sistemas contables. Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo les emplaza a proporcionar esta información y le da el plazo de un mes para presentar el detalle de las cuantías abonadas a cada centro sanitario privado.
Desde la Conselleria han negado que se trate de una condena contra Gómez y han confirmado que presentarán la información requerida. "La Conselleria sí dio información, pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará", han apuntado desde el equipo Gómez. Por su parte la oposición socialista han criticado la negativa previa de la Conselleria en base a lo que consideran "excusas grotescas", como que "solo podían facilitarse por bienios". Tras conocerse la resolución, la portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts, Yaissel Sánchez, ha denunciado la actitud de la Conselleria, por verla como un intento de frenar la labor de control sobre la gestión de conciertos sanitarios.
En el fallo judicial, los magistrados han determinado que dicha dificultad no resulta motivo suficiente o, en su defecto, no quedó debidamente justificado por qué esos condicionantes técnicos impedían cumplir con el mandato constitucional. El tribunal señala que el hecho de que la complejidad técnica plantee una "dificultad", esta no se traduce en una "imposibilidad material", y recuerda que una negativa como esta exige una motivación reforzada que en este caso no se acreditó.
Por ello, la sala obliga a la Conselleria a desglosar exhaustivamente no solo los importes por cada año, sino también las cuantías exactas asignadas a cada uno de los centros privados concertados. En esta línea, la Administración subraya que el propio texto del TSJCV explicita que "no consta acreditada la denuncia desplegada en la demanda de ser voluntad manifiesta de la Administración la de restringir el acceso parlamentario a datos especialmente sensibles desde el punto de vista de control político", descartando intencionalidad de opacidad en el proceder administrativo. Asimismo, desde el departamento destacan que el tribunal no ha impuesto costas procesales a la Generalitat.
El pronunciamiento del tribunal se circunscribe estrictamente al ámbito contencioso-administrativo sobre el alcance del deber de información pública, después de que los intentos previos de la oposición socialista por abrir una vía penal contra el conseller quedaran archivados ante el informe desfavorable de la Fiscalía por falta de indicios. Con esta resolución judicial, la fiscalización sobre los mecanismos para aliviar las listas de espera a través de la colaboración con entidades privadas se vuelve a situar en el foco del debate sanitario en la comunidad.
