La ley de universalización supera informes jurídicos y no supone más gasto

La ley de universalización de la asistencia sanitaria en Cataluña progresa para desplegar su reglamento. Esta normativa, aprobada en 2017 por el Parlament con la finalidad de esquivar el real decreto de 2012 del Partido Popular que dejaba sin sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular, daba facilidades a aquellas personas que, en caso de no estar empadronadas, se les permitía acceder a la sanidad pública demostrando arraigo. Tras siete años sin novedades, la ley se encuentra ahora en fase de audiencia e información pública.

El proyecto de decreto por el cual se despliega la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Servei Català de la Salut ha superado los informes jurídicos y "no representa un incremento de gasto devengado".

Las conclusiones del informe jurídico preliminar señalan que, desde el punto de vista formal, el expediente incluye la documentación preceptiva para iniciar la tramitación. Desde el punto de vista material, el Proyecto de decreto se adecúa con carácter general a las directrices de técnica normativa. A la vez, apuntan que las propuestas de modificaciones incluidas en el informe lo son a título de recomendación de mejora. Sobre el encaje de esta regulación con el marco legislativo estatal básico, se prevé advertir de la doctrina constitucional, expresada en diversas sentencias, "limitadora de las competencias autonómicas para regular las condiciones de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria que no correspondan con los criterios determinados en la norma básica estatal".

Más asistencia, pero no más gasto

Por su parte, la Memoria de Evaluación del impacto de las medidas propuestas muestra que la valoración económica de la aplicación del Proyecto de decreto de despliegue de la Ley 9/2017 resulta de 9,9 millones de euros y se ha efectuado estimando su entrada en vigor el 1 de julio de 2024.

En lo que respecta al impacto presupuestario, el desarrollo de este Proyecto de decreto se llevará a cabo optimizando los recursos humanos y materiales actualmente existentes y financiados con el presupuesto de gastos del CatSalut 2023 prorrogado para 2024, de manera que "no requerirá de créditos adicionales". En ese sentido, el presupuesto de gastos del CatSalut alcanza la cifra de 11.294 millones de euros, es decir, 977 millones de euros más que el presupuesto aprobado en 2022.

Así, la Memoria concluye que la entrada en vigor de este Proyecto de decreto "no representa un incremento del gasto devengado y, por tanto, no tiene impacto a nivel presupuestario, para el 2024 se financia con los recursos consignados en el presupuesto de gasto del CatSalut para 2023 prorrogado para 2024, y para años sucesivos, se continuará financiando con los recursos existentes en el sistema sanitario público catalán".

Como principales beneficios, la normativa persigue mayor control sanitario de la población, prevenir enfermedades infecciosas con baja prevalencia. Además, la Memoria añade que los resultados de los últimos estudios "ponen en duda" que las personas extranjeras sin documentación hagan más uso de los servicios de atención sanitaria que la población local.