El Govern cumple tres años con dos consellers y un gran decreto sanitario

Tres años después de las elecciones al Parlament de Catalunya, la XIII legislatura ha estado marcada en clave sanitaria por haber tenido dos consellers de Salut. En primer lugar, Josep Maria Argimon, del 26 de mayo de 2021 al 10 de octubre de 2022, y en segundo lugar, Manel Balcells, que tomó el relevo de su antecesor tras la crisis del Govern de la Generalitat y la salida de Junts per Catalunya del mismo, que puso fin al ejecutivo de coalición junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En este tiempo, la Generalitat tan solo ha aprobado un decreto en materia sanitaria, que es el proyecto por el cual se modifica el Decreto del Consejo Consultivo de Pacientes, cuya consulta pública previa e inicio de tramitación ya estaban en trámite cuando se aprobó el Plan normativo 2021-2023. Además, de las dos leyes y veinte decretos que recoge dicho Plan, de estos, estaba prevista la aprobación de trece en el segundo semestre de 2023.

Se trata del proyecto de decreto por el cual se establecen los requisitos técnico sanitarios aplicables a la preparación y entrega de los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos en las oficinas de Farmacia, otro por el que se establecen los requisitos adicionales para la realización de estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo y se crea la Comissió d'Estudis Observacionals amb Medicaments d'Ús Humà de Seguiment Prospectiu, y el proyecto de decreto de delimitación territorial de las regiones sanitarias y de los sectores sanitarios del Servei Català de la Salut (CatSalut).

También se pretendía aprobar antes de 2024 el proyecto de decreto de modificación del Decreto 256/2013, de 26 de noviembre, por el cual se crea el Registro de profesionales sanitarios de Cataluña y se establecen los criterios generales y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña, el proyecto de decreto de modificación del Registro de voluntades anticipadas, el proyecto de decreto de regulación del trámite de acreditación de centros y servicios sanitarios y el proyecto de decreto de regulación del transporte sanitario por carretera, todos ellos sin haber iniciado el periodo de consulta previa ni el inicio de la tramitación.

Más avanzado está el proyecto de decreto de sanidad mortuoria, el proyecto de decreto por el cual se desarrolla la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del CatSalut y el proyecto de decreto por el cual se regulan los requisitos y el procedimiento de acreditación de los comités de ética de la investigación y de los comités de ética de la investigación con medicamentos.

Iniciativas sin fecha de ser aprobadas

Sin fecha aún para ser aprobados se encuentran el proyecto de decreto por el cual se aprueban los estatutos de la Agència de Salut Pública de Catalunya; el proyecto de decreto de creación del Registre d'Implants Quirúrgics; el proyecto de decreto de modificación del Decreto 140/2012, de 30 de Octubre, por el cual se modifican los decretos de creación de los planes directores de oncología, de enfermedades del aparato circulatorio, de salud mental y adicciones y sociosanitario y de los consejos asesores respectivos, y se deroga el Decreto 29/2006, de 28 de febrero, por el cual se crea el Plan director de investigación en ciencias de la salud y su Consejo Asesor; el proyecto de decreto de regulación de la prestación farmacéutica en el ámbito de los centros sociosanitarios y residencias; y el proyecto de decreto por el cual se crea el Registre Sanitari d'Empreses i Establiments Alimentaris.

Por último, el proyecto de decreto por el cual se regulan las funciones del personal administrativo del ámbito de la salud estaba previsto aprobarlo en el segundo semestre de 2023, así como el proyecto de decreto de regulación del Registro de casos de violencia a los profesionales del sistema de salud de Catalunya, y el proyecto de decreto por el cual se regulan los servicios de apoyo a la inspección veterinaria oficial en mataderos, salas de despiece y establecimientos de manipulación de caza en Cataluña.

Las únicas dos leyes que recoge el Plan normativo 2021-2023 en materia de salud, el anteproyecto del juego patológico y el anteproyecto de ley de armonización de las fórmulas de gestión no contractuales y de ordenación funcional de los servicios de salud con cargo a fondo públicos, aún no tienen fecha de aprobación, puesto que el inicio del trámite debía empezar en el segundo semestre de 2023, pero no fue así. Situación similar a la que sucede con el proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento que despliega la Ley 12/2020, de 13 de octubre, de la atención pública de salud bucodental.

Año y medio de Argimon como conseller

El nombramiento de Josep Maria Argimon como conseller de Salut hizo que el Departament cambiará de manos de ERC a Junts tras cinco años bajo la gestión del mismo partido. Argimon tuvo que gestionar la vacunación y salida de la pandemia del Covid-19 y protagonizó el acuerdo del inicio del traspaso de la gestión de la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

El presupuesto de 2022 de Salut y el único aprobado con Argimon como conseller ascendió a 11.171 millones de euros, 1.456 millones de euros más que en 2021. Su salida se produjo tras una crisis del Govern y la decisión de las bases de Junts de salir del Ejecutivo.

Tres huelgas sanitarias en menos de un año

Una vez ERC empezó a gobernar en solitario volvió a recuperar el Departament de Salut y situó al frente a Manel Balcells. Uno de sus primeros anuncios fue el Centre de Teràpies Avançades de Catalunya, aunque rápidamente tuvo que lidiar con las huelgas sanitarias, empezando por la convocada por Metges de Catalunya.

Balcells aprobó sus primeros presupuestos, de 12.232 millones de euros, un 11,7 por ciento más, y acordó con los médicos una mesa bilateral y mejorar el precio de la hora de guardia para todos los MIR como principales acuerdos de salida de la huelga. Además, 2023 ha estado marcado por la inversión de 800 millones de euros en mejoras laborales de los profesionales del Institut Català de la Salut (ICS) y la sanidad concertada, aunque este año terminó y empezó con los paros de las enfermeras y técnicos sanitarios, que alcanzaron sendos acuerdos con el Departament.