Cabezas desvincula a Argimon de la vacunación a policías y guardias civiles

La exsecretaria de Salut Pública de Cataluña, Carmen Cabezas, ha declarado en calidad de testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por la suspensión de la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en la comunidad y ha asegurado que ni ella ni el entonces director general del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, coordinaron la vacunación.

Fiscalía acusa a la exconsellera de Salut, Alba Vergés; al exsecretario general de su departamento, Marc Ramentol; a Argimon, y al entonces director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, de un delito de prevaricación por el que pide 12 años de inhabilitación y, a diferencia de las acusaciones populares, no acusa al exresponsable de Servicios del departamento de Salud Francesc Xavier Rodríguez.

Cabezas ha sido preguntada por el mensaje de Whatsapp que una miembro del gabinete de Vergés, Judit Vinyals, le envió el 23 de marzo en el que expresaba: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar". Tras recibir este mensaje, Cabezas ha asegurado que Argimon le pidió que la llamara y que, tras hablar con él y como era una decisión que "se podía malinterpretar", pidió que esta instrucción la trasladase alguien que jerárquicamente dentro del Departament pudiese hacerlo y que lo hiciera mediante un correo electrónico.

El 24 de marzo Ramentol indicó, mediante un correo electrónico, que a partir de esa fecha se priorizaría a las personas de 60 a 65 años (unas 500.000 personas en Cataluña) y a los colectivos esenciales dentro de esta misma franja de edad.

Cronología de la situación

Cabezas ha explicado que el 8 de febrero de 2021 redactó un correo en el que explicaba las características de la vacuna AstraZeneca, que se administraría a los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias en Cataluña "sin apellidos", una información que fue remitida a la Conselleria de Interior, y que fue recibida por la entonces directora de Serveis del departamento, que respondió diciendo que se ponían a trabajar en ello.

Cabezas ha añadido que ella estuvo "dispuesta siempre", pero que no fue citada hasta el 4 de marzo a una reunión en la Conselleria de Interior -a la que asistieron representantes de los Departaments de Salud e Interior y coordinadores de vacunación de Policía y Guardia Civil-, para explicar "información técnica" sobre la vacuna AstraZeneca.

La vacunación comenzó a principios de marzo para los colectivos esenciales, pero alrededor del 12 de marzo empezaron a aparecer sospechas de "efectos adversos graves" relacionados con la vacuna de AstraZeneca, por lo que el Ministerio de Sanidad ordenó que se paralizase su uso entre los días 15 y el 22 de marzo.

A partir del 22 de marzo, después de que el Ministerio emitiese una nueva comunicación informando de que los beneficios superaban a los riesgos, en Cataluña se acordó priorizar su uso en personas de 60 a 65 años y continuar, en esas edades, con los colectivos esenciales: "Insistimos en compaginar con los esenciales".

Criterio médico compartido

Cabezas ha asegurado que en Cataluña se recibieron unas 350.000 vacunas hasta marzo, pero que solo en la franja de los 60 a 65 años había medio millón de personas pendientes de vacunar, por lo que las dosis no eran suficientes, mientras que aquellas para inmunizar a los servicios esenciales estaban "reservadas".

En aquellas fechas, ha afirmado, había más de 1.385 personas ingresadas en hospitales catalanes por Covid, el 70 por ciento mayores de 60 años, por lo que la importancia de vacunar a los mayores de esa franja era compartida por todos, pero que ella recordaba la necesidad de vacunar a los colectivos esenciales, "aunque no fueran de esa edad".

La respuesta que recibió fue que se priorizaría la franja de los 60 a 65 años también de colectivos esenciales y, sobre los whatsapp que recibió, aunque ha dicho que puedan estar expresados un poco rápidamente, son los que "están en la instrucción" de la causa.

Sobre los grupos esenciales, ha dicho que se seleccionó a aquellos que desempeñaban una "función esencial en la sociedad" y que realizaban trabajo presencial, por lo que se creía que podían estar más expuestos. Sin embargo, ha dicho que un estudio posterior muestra que el riesgo de este colectivo era "similar" al de la población general -a excepción de los sanitarios, en los que representaba el doble-, salvo que tuviesen una enfermedad.

Sobre el papel del entonces director de servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch, en la gestión de la vacunación, ha destacado su "implicación total".

Censos de la Policía Nacional y Guardia Civil

Por su parte, la que fue la gerente de organizaciones y profesionales del Servicio Catalán de Salud, que también ha declarado como testigo, ha señalado que los censos de Policía Nacional y Guardia Civil se recibieron "más tarde que el resto" porque los cuerpos los enviaron más tarde.

Por el contrario, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra enviaron el censo para la vacunación en "muy pocos días" y que no hubo ninguna incidencia, y que el Servei Catalá de Salut tramitó todos los censos en el mismo plazo de tiempo para todos ellos y que se hizo así con todos los colectivos esenciales sin excepción.