Todos los médicos de hospitales públicos manchegos son objetores del aborto

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha señalado que  en los hospitales públicos de la región no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia.

Tal y como ha destacado el gobierno regional, se trata de un derecho "constitucionalmente reconocido", por lo cual ni el Sescam ni la Administración pueden obligar a los médicos a practicar abortos, recordando así que la nueva ley "no elimina este derecho por parte de los profesionales porque hay que respetarlo".

En este sentido, Fernández ha subrayado que en los hospitales de la comunidad autónoma sí que se practican interrupciones del embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre y del feto. Destacando así que "ahí no hay ningún tipo de objeción de conciencia, al menos que yo tenga conocimiento", ha apuntado la portavoz.

Asimismo, la portavoz del gobierno regional ha asegurado que en Castilla-La Mancha una mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública puede hacerlo, pero no en los hospitales públicos, sino en dos clínicas concertadas, situadas en Albacete y Ciudad Real, "con las máximas condiciones de calidad, de seguridad y de intimidad para las mujeres". En este punto, Fernández ha añadido que "muchas mujeres prefieren las clínicas privadas porque es más discreto y prefieren no ir a un hospital".

Respeto a la objeción de conciencia

Siguiendo Ley del Aborto presentada por el Ministerio de Igualdad, desde el gobierno de Castilla-La Mancha han señaaldo que "no encontramos la fórmula" para permitir que las interrupciones coluntarias se hagan en hospitales públicos a la vez que se repeta la objeción de conciencia.

Es por ello que Fernández ha destacado que "esperamos que a lo largo de la tramitación y las próximas semanas y meses se nos puedan dar instrucciones de cómo se va a producir". Esta posibilidad estaría recogida en una “cláusula de proximidad al domicilio” incluida en la Ley del Aborto, por la cual se garantizará que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir su embarazo independientemente de que en su hospital no haya médicos que lo practiquen.

Así, según señalan desde el Minisetrio de Igualdad, en cualquier caso serán las consejerías de sanidad de cada autonomías las que establezcan “las medidas a poner en marcha” para garantizar el aborto, ya sea “a través de incentivos que permitan prestigiar la prestación” de esta asistencia o con otro tipo de fórmulas.