Igualdad destinará 7,5 millones a impulsar la investigación y formación de sanitarios para la interrupción del embarazo

Una "cláusula de proximidad" derivará abortos si solo hay médicos objetores
Irene Montero, ministra de Igualdad.


17 may 2022. 18.10H
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Una “cláusula de proximidad al domicilio” incluida en la Ley del Aborto garantizará que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir su embarazo independientemente de que en su hospital no haya médicos que lo practiquen, ya sea por objeción de conciencia o por indisponibilidad. Fuentes del Ministerio de Igualdad indican en este sentido que las pacientes podrán ser desplazadas al centro sanitario “más cercano” posible para que sean asistidas.

Desde el departamento que dirige Irene Montero han explicado a Redacción Médica durante un ‘briefing’ informativo que la Ley del Aborto aprobada por el Consejo de Ministros no contempla mecanismos para establecer un número mínimo de médicos no objetores en los hospitales. No obstante, existen dos fórmulas para interrumpir la gestación en caso de que no haya facultativos disponibles.

La primera vía, apuntan las mismas fuentes, es la creación del registro público de médicos objectores de conciencia, con el que además pretenden evitar que un profesional que rechace practicar abortos en la red pública los haga en el ámbito privado.

Por otro lado, Igualdad ha introducido en la normativa una “cláusula de proximidad de domicilio”, de forma que las pacientes sean “derivadas” a otro centro que no tiene por qué ser de la misma comunidad autónoma en la que se habita.

En cualquier caso, subrayan que serán las consejerías de sanidad de cada autonomías las que establezcan “las medidas a poner en marcha” para garantizar el aborto,, ya sea “a través de incentivos que permitan prestigiar la prestación” de esta asistencia o con otro tipo de fórmulas.

Asimismo, desde Igualdad apuntan que se integrarán en la “alta inspección” elaborada por el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas memorias específicas “de evaluación en todos los extremos que contempla esta ley”. El objetivo es determinar qué aspectos fallan y controlar el registro de sanitarios objetores. “Las defensorías del pueblo, tanto a nivel estatal como autonómico, también podrán canalizar denuncias de vulneraciones de derechos a las mujeres”, recalcan.

Formación de sanitarios para la práctica del aborto


Por otro lado, el Ministerio de Igualdad ha informado del impacto económico de la Ley del Aborto, que tendrá asociada una partida de 104 millones de euros. Buena parte de los mismos serán destinados a las bajas por regla dolorosa (23,8 millones) y a la incapacidad temporal antes del parto (57,1 millones).

Pero el Ministerio también se reserva una partida de 7,5 millones de euros para la “garantía de la interrupción voluntaria del embarazo”, lo que supone, entre otros aspectos, un impulso a la “formación” del personal sanitario.

Asimismo, habrá una partida para la incapacidad temporal por interrupción voluntaria del embarazo que alcanzará los 7,8 millones de euros.
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