El consejero confía en un gran pacto que garantice la atención a los dependientes

Redacción. Toledo
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha clausurado en Toledo unas jornadas técnicas que han reunido por espacio de dos días en la capital regional a directores generales de Mayores, Discapacidad y Dependencia de todas las comunidades autónomas. Un encuentro que Echániz ha valorado como “un gran paso para avanzar en el proceso ya iniciado y que deberá culminar en un gran pacto que cimente, con criterios de realismo y solvencia, las prestaciones a los ciudadanos que quedaron tan comprometidas por la pésima gestión de los anteriores responsables. Estamos dispuestos a preservar e impulsar lo mejor de nuestro sistema y la mejor prueba de ello es el gran espíritu de trabajo que ha presidido las sesiones de este encuentro en el que nos ha cabido el honor y la responsabilidad de ser anfitriones”.

El consejero José Ignacio Echániz, y el director general del Imserso, César Antón, con los participantes en las jornadas.

El consejero ha departido especialmente con el director general del Imserso, Cesar Antón, que ha encabezado las sesiones de estas dos jornadas de trabajo en Toledo. En su intervención, José Ignacio Echániz también ha agradecido a los representantes de las comunidades autónomas el enorme esfuerzo que están acometiendo para, mediante un ajuste entre ingresos y gastos “alcanzar así y entre todos la solvencia necesaria”.

El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer; la secretaria general de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Paloma Leis; ell director general del Imserso, César Antón; el consejero Echániz; y el director de Gabinete de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Dívar.

Pese a que la Ley obligaba a hacer una evaluación de su aplicación, los plazos previstos no se cumplieron y este encuentro se planteó como una forma idónea de acometer tal trabajo de valoración en consenso con todas las Comunidades Autónomas. Para realizarlo se han abordado cuestiones como el sistema de valoración, compatibilidades entre prestaciones y servicios, procedimientos, financiación y aspectos económicos de la Ley de Dependencia. Se ha avanzado, asimismo, en el desarrollo de propuestas de mejora para la aplicación de la ley en toda España, con la voluntad de adecuar la normativa a la realidad y avanzar en el establecimiento de criterios comunes en los aspectos básicos de la ley.

En esta evaluación inicial, los representantes de las comunidades autónomas han ratificado el profundo desajuste que existe entre las previsiones iniciales de la ley y su aplicación. Ello ha provocado que haya muchas más personas incluidas, con una desviación del 28 por ciento, sobre las que preveía el Libro Blanco de la Discapacidad y la propia memoria de la ley.

Tampoco se han cumplido las previsiones iniciales de la ley que establecían la prestación de servicios profesionales que fueran generadores de empleo y que dieran una prestación adecuada y acorde a las necesidades de los dependientes. En este caso, la realidad es que el 45,5 por ciento de las prestaciones son ayudas económicas para cuidadores familiares, cifra que en Castilla-La Mancha se eleva hasta el 51 por ciento. Unos desajustes que en el caso de los grandes dependientes se cifran en más de 4.000 millones de euros no contemplados en las previsiones iniciales.