20 ene 2019 | Actualizado: 16:30

Dimite el gerente de Atención Primaria del SCS denunciado por la Fiscalía

La consejera de Sanidad había ocultado al presidente cántabro la imputación de Rojo

Alejandro Rojo, exgerente de Atención Primaria del SCS, y María Luisa Real, consejera de Sanidad.
Dimite el gerente de Atención Primaria del SCS denunciado por la Fiscalía
mié 12 diciembre 2018. 17.50H
El gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, Alejandro Rojo, ha presentado su dimisión tras conocerse que es una de las cuatro personas contra las que se dirige la denuncia que la Fiscalía ha remitido al juzgado por presuntas irregularidades en contratos del SCS. María Luisa Real, consejera de Sanidad, había ocultado a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que Rojo también había sido imputado.

La denuncia de la Fiscalía también señala al exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo, así como al asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores, por lo que Rojo era el único de los investigados que seguía en el cargo.

Hace justamente una semana, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declaraba a los medios después de su viaje a México, que los directivos del SCS contra los que se dirige la denuncia de la Fiscalía "están ya fuera del organigrama de gestión del SCS", en alusión a Pérez Gil y González, y admitió que desconocía la situación del gerente de Atención Primaria, añadiendo que lo hablaría con la consejera de Sanidad, Luisa Real.

En esas mismas declaraciones, Revilla respaldó de nuevo a la titular de Sanidad, puesto que en la denuncia de la Fiscalía "no hay ningún indicio que la involucre". Y avisó que "en el momento en que haya alguna persona imputada del Gobierno, exigirá la dimisión".

La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por el PP e IU, en los que según el Ministerio Público se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.


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