El Gobierno retira el recurso contra el decreto del catalán en el IbSalut

El Gobierno de España ha retirado el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico para regular la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud (IbSalut).

La Abogacía General del Estado, a partir de la solicitud realizada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha autorizado a la Abogacía del Estado en Baleares para desistir de este recurso que se tramitaba ante la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). La formalización del desistimiento se ha llevado a cabo este jueves.

Desde la Delegación del Gobierno en Baleares, han señalado que la retirada del recurso contra este decreto se produce "a partir de la voluntad política expresada" por el nuevo Gobierno y de las conversaciones mantenidas por ello con el Govern.

Cabe destacar que el decreto establece la habilitación del personal sanitario en Baleares para cumplir con el principio de doble cooficialidad lingüística. Así, se admiten las solicitudes de participación de todos los aspirantes a los procesos selectivos, y quien los supere obtendrá la condición de personal estatutario sanitario fijo, pero estará obligado a alcanzar el nivel de conocimientos de catalán requerido y a acreditarlo en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de ocupación de la plaza o puesto de trabajo.

En caso de no hacerlo, mantendrá la condición de personal estatutario fijo, pero no podrá participar en ningún procedimiento de movilidad que convoque el IbSalut ni acceder a los derechos económicos que conlleva la carrera profesional.

En el momento de su aprobación, en marzo de este año, la consellera de Salud, Patricia Gómez, recalcó que lo que se exige con el decreto es "un nivel de comprensión" de catalán. Por ejemplo, para auxiliares y celadores el nivel es el A2, "un nivel básico", y para médicos, enfermeros y fisioterapeutas el B1, explicó

Satisfacción en el Ejecutivo balear

Por su parte, el Gobierno balear ha recibido "con satisfacción" la retirada del recurso y ha asegurado que esto "demuestra su legalidad". Según ha informado Presidencia en un comunicado, con esta actuación, el Estado acepta los argumentos planteados por parte de la Abogacía de la comunidad autónoma y confirma que este decreto es proporcionado y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.

"Desde el Govern valoramos positivamente la decisión del Gobierno central de desistir del recurso que el PP interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima", ha indicado la consellera de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Pilar Costa, quien ha añadido que el desistimiento "demuestra, una vez más, la total legalidad y normalidad con que se aprobó esta normativa".