Armengol lamenta que el Gobierno vaya en contra de la sanidad balear

Tras el anuncio de la delegada de Gobierno de Baleares, María Salom, de presentar un recurso contra el decreto que obliga a los sanitarios a acreditar su conocimiento del catalán, la presidenta de las islas, Francina Armengol, ha lamentado que "se hayan utilizado las instituciones del Estado para ir en contra de la sanidad pública de Baleares", a lo que ha añadido que "es lo último que se podría esperar de Salom y del Gobierno central".

La presidenta ha reiterado que la norma contempla que todos los interesados pueden presentarse a las oposiciones de sanidad, "sepan o no catalán". En esta línea, ha señalado que "hay mucha gente que tiene ganas de trabajar en Baleares porque hay 7.400 personas inscritas en unas oposiciones que estabilizarán la plantilla y darán oportunidad de consolidar puestos de trabajo".

Por su parte, María Salom ha defendido la presentación de dicho recurso asegurando que es "correcto" impugar una normativa que ha generado un problema en la comunidad. La delegada ha señalado que "lo que quieren los ciudadanos es tener un médico y poder ser atendido", con independencia del idioma.

Según ha declarado Salom, tener un médico que les atienda "es un derecho de los ciudadanos reconocido en la Constitución y se está viendo que este decreto está generando un problema dentro del sector sanitario, donde hay gente que se está yendo a otros sitios y hay especialidades médicas que no se pueden cubrir".

Acceso a la función pública sin restricciones

El senador del Partido Popular, Santiago Marí, ha defendido este miércoles, en el pleno de la Cámara Alta, una moción, que ha resultado aprobada y que insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas dirigidas a la provisión de las plazas vacantes en el Sistema Nacional de Salud.

Marí ha denunciado el déficit sanitario que sufren algunas comunidades autónomas, entre ellas Baleares. "Es deber de los gobernantes atender a todos los ciudadanos y ofrecer el mejor servicio posible", ha dicho, matizando que, de acuerdo con la distribución competencial en España, la atención sanitaria es una competencia ejercida por las autonomías.

En caso concreto de Baleares, la exigencia de un nivel de conocimiento de la lengua cooficial para todo el personal estatutario del Servicio de Salud puede jugar en detrimento de la calidad de la asistencia. “Se está primando el conocimiento del idioma sobre la cualificación profesional y limitando al resto de ciudadanos el acceso a la función pública en estas comunidades”, ha asegurado.