Ambas comunidades autónomas esperan que "redunde en la mejor gestión, calidad y eficiencia"

 José Luis Bancalero y Antonio Gómez Caamaño firman el protocolo de compra conjunta sanitaria de Aragón y Galicia.
José Luis Bancalero y Antonio Gómez Caamaño.


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El Gobierno de Aragón publica el protocolo de intenciones junto a la Xunta de Galicia para la colaboración en materia de compra pública agregada en el ámbito sanitario. El objeto del acuerdo es formalizar la declaración de intención de las partes firmantes dirigida a ampliar el marco general de cooperación entre las dos instituciones en el ámbito de la compra pública conjunta y agregada en materia sanitaria, que "redunde en la mejor gestión, calidad y eficiencia en las políticas sanitarias públicas".

Según recoge el Boletín Oficial de Aragón (BOA), este objeto comprende también la formación y gestión del conocimiento sobre contratación pública en los términos que se establezcan al efecto. Además, el objetivo pasa por que las dos comunidades autónomas aumenten su poder negociador en el mercado de la salud. 

Además, ambas partes manifiestan su interés en la consecución del proyecto y su firma intención de colaborar, con lealtad institucional y con sus mejores esfuerzos, para adoptar las decisiones y realizar los actos jurídicos necesarios que lleven a efecto el presente acuerdo.

Desarrollo de actuaciones


Ambas comunidades autónomas impulsarán el estudio de posibles licitaciones que de forma conjunta y agregada se puedan realizar en el ámbito sanitario; e intercambiar información sobre la previsión de implantar nuevos procedimientos y métodos organizativos sobre compra pública. Aragón y Galicia han pactado compartir protocolos, guías de actuación y/o software que cada entidad haya desarrollado y que puede ser de utilidad a la otra entidad, respetándose en todo caso la propiedad intelectual e industria; y coorganizar jornadas y eventos formativos y de intercambio de buenas prácticas.

Para el impulso, evaluación, vigilancia y control de las actuaciones a las que se refiere el presente acuerdo, así como para la posible interpretación de éste, las partes conformarán una comisión de seguimiento de este acuerdo, compuesta de manera paritaria por representantes de ambas partes con un máximo de tres representantes por cada una de las partes.

Otro de los apartados del protocolo señala que el acuerdo no supone gasto ni dará lugar a contraprestación financiera entre las partes. Asimismo, el pacto tiene una vigencia de cuatro años. No obstante, las partes podrán en cualquier momento anterior a la finalización del plazo de vigencia del protocolo, y por un acuerdo unánime, prorrogar el convenio por periodos sucesivos de un año, hasta un máximo de cuatro años adicionales.

El acuerdo se podría extinguir por el cumplimiento de los objetivos indicados en el acuerdo, por el acuerdo unánime y expreso de las partes, por expiración del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo y por cualquier otra causa legalmente prevista distinta a las anteriores.

Transformar el sistema sanitario


Como se dio a conocer el día del anuncio del acuerdo, en el que se viene trabajando desde hace meses, ambas regiones reiteran la necesidad de ir transformando el sistema sanitario en un modelo que dé respuestas ágiles, proactivas y flexibles a las demandas sociales, cada vez más complejas y dinámicas, y que esta transformación vaya enfocada a la mejora de los resultados en salud y en calidad de vida del conjunto de sus poblaciones en particular, y de la sociedad española en general.

Los presidentes de ambas comunidades autónomas han coincidido en la conveniencia de impulsar un modelo colaborativo que favorezca la agregación de la demanda en determinados procedimientos de contratación de suministros y servicios sanitarios. "Esta cooperación permitiría obtener economías de escala, mejorar la capacidad negociadora de ambas administraciones y, en última instancia, asegurar una mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema público de salud", consta en el protocolo. "Ambas partes reconocen que la colaboración en la compra pública agregada puede representar una herramienta eficaz para mejorar la calidad y disponibilidad de los productos sanitarios, fortalecer la planificación conjunta y promover la innovación en los procedimientos administrativos", reza el documento.
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