La ley universitaria andaluza ata financiación y contratación en Medicina

Andalucía estrena ley universitaria y mayor control sobre los grados en Ciencias de la Salud. La normativa aterriza en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras una tramitación complicada que concluyó con la aprobación del texto en el Parlamento andaluz, aunque únicamente con el voto a favor del PP, formación política al frente de la comunidad autónoma. Una legislación que tampoco goza del beneplácito del propio sector universitario. Y es que los rectores de las instituciones académicas públicas denuncian pérdida de autonomía a partir de la entrada en vigor de dicha legislación.

En concreto, la Junta de Andalucía se reserva "el control de la legalidad de las ofertas de empleo público, la relación de puestos de trabajo y las convocatorias para la provisión de personal", además del cálculo del profesorado para cumplir con el coste de las plantillas docente e investigadora. Asimismo, la normativa crea la figura del interventor, un funcionario presente en cada universidad pública dedicado al control económico interno, con plena autonomía en el desarrollo de sus funciones.

Por otro lado, la legislación refuerza el rol de los Consejos Sociales, que tendrá voz en los ámbitos presupuestario o gestor de los centros públicos. Un organismo constituido por 17 representantes de la vida económica, social y cultural, de los que ocho serán elegidos por el Ejecutivo autonómico y el Parlamento de Andalucía. También se incluyen personalidades del entorno universitario y del estudiantado.

Inversión en la universidad

La financiación universitaria se fundamentará en un modelo común, que se revisará cada cinco años y que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta se compondrá de una dotación básica armonizada -para garantizar la suficiencia- y otra basada en los resultados -focalizada en la mejora de los servicios por medio de los contratos-programa-. Además, se trabajará desde la perspectiva de la nivelación, con la misión de equilibrar el estado de todos los centros.

Por otro lado, la nueva normativa incorpora la regulación de los remanentes no afectados. Se trata de las cuantías monetarias sobrantes, las cuales se podrán utilizar, pero bajo el cumplimiento de una serie de condiciones. Además, dichas entidades tendrán que destinar un 3 por ciento de sus ingresos a programas de becas y ayudas y un 5 por ciento a planes propios de investigación.

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La financiación se fundamentará en un modelo común a revisar cada cinco años

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En general, la legislación refuerza el control institucional de los presupuestos de los centros, que deberán de remitir a Junta y Parlamento sus planes estratégicos y rendir cuentas ante los órganos de control. Desde las universidades exigen mayores garantías a nivel financiero, dado que la inversión autonómica en los últimos años está por debajo de las necesidades de las instituciones académicas.

Aterrizaje del B2 en inglés

La norma ideada por la entidad gubernamental incluye la obligación de acreditar un B2 de un idioma extranjero -por lo general, inglés- para la adquisición del título universitario u optar a los contratos de doctorado. Eso sí, la Junta de Andalucía pretende reforzar las competencias lingüísticas del alumnado a través de programas de becas y ayudas con los que fomentar la movilidad internacional.

A nivel del estudiantado, también se blinda la bonificación del 99 por ciento de las tasas de matrícula para los créditos aprobados en primera convocatoria. A su vez, se reconoce el derecho a la desconexión digital -no recibir comunicaciones en horarios de descanso-, se impulsarán programas para facilitar el alojamiento universitario y se regula la huelga estudiantil con garantías.

Medidas laborales

Por otro lado, la legislación recupera la figura del profesor ayudante doctor, eliminada en la Ley Orgánica del Sistema Universitaria. Para el Ejecutivo andaluz es un refuerzo, pero para los sindicatos supone la "precarización estructural del personal", al hipotéticamente sustituir los contratos de Formación del Profesorado Universitario (FPU). Asimismo, limita el uso del docente sustituto interino, cuyo contrato no podrá durar más de dos años, en una apuesta por la estabilización de las plantillas.