Ministerio de Sanidad.
Costes reales, transparencia y seguridad jurídica: objetivos de Madrid y Euskadi para el Fondo de Cohesión Sanitaria
Las dos autonomías rechazaron las liquidaciones de 2023 y 2024 y reclaman revisar los criterios empleados para calcular los pagos pendientes
El pasado 10 de julio, tanto Euskadi como Madrid votaron en contra de los puntos incluidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre el sistema de compensación vinculado al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Preguntadas por esta cuestión, ambas autonomías señalan tres claves para mejorar el sistema y apoyarlo: garantizar el cálculo de los costes reales, mayor transparencia y seguridad jurídica.
Según la propuesta sometida al Consejo Interterritorial, las dos comunidades acumulan los mayores saldos negativos pendientes: 64,17 millones de euros en el caso de Madrid y 50,95 millones en el de País Vasco.
Tanto Madrid como Euskadi coinciden en cuestionar el actual sistema de compensación sanitaria, por motivos y con énfasis diferentes, aunque coincidiendo en reclamar una revisión mayor del marco normativo.
Euskadi y Madrid, cuestionan los pagos
Ante esta reforma, que busca reordenar los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) y la financiación de los Centros y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud para evitar desfases en las compensaciones económicas entre regiones por la asistencia prestada, Madrid y Euskadi votaron “no” ante unos pagos con los que ambas comunidades autónomas expresaron no estar de acuerdo.
El Gobierno Vasco votó en contra de las liquidaciones de 2023 y 2024 del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), que suponían para Euskadi un pago de 51 millones de euros. Ante este pago al Ministerio de Sanidad, Euskadi consideró que este era desproporcionado y que no se ajustaba a la realidad.
Con respecto a esto, en su momento, el consejero de Salud de Euskadi, Alberto Martínez, señaló que “el tiempo está confirmando las advertencias que Euskadi viene realizando desde hace meses sobre el Fondo de Cohesión Sanitaria y el FOGA: hablamos de un sistema con importantes deficiencias jurídicas, sin desarrollo reglamentario completo y con mecanismos poco transparentes”.
Madrid, por su parte, votó un no al compartir, en cierta forma, la opinión de Euskadi ante un reparto poco realista, criticando el hecho de mantenerse un modelo de liquidación con carencias normativas y procedimentales. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid creen que "es necesario reforzar la seguridad jurídica del procedimiento. Cuando se están liquidando decenas de millones de euros entre administraciones públicas, las reglas deben estar perfectamente definidas, ser transparentes, objetivas y contar con el respaldo normativo adecuado. Queremos que la financiación se corresponda con la realidad asistencial, que los costes se calculen de manera más precisa y que el procedimiento ofrezca plenas garantías para todas las comunidades autónomas”.
En esta misma línea, la Comunidad de Madrid reivindica un modelo de financiación y compensación que permita ajustar las cantidades abonadas a la asistencia sanitaria que realmente presta cada territorio. La posición de la Comunidad pasa por mantener su compromiso con la atención a pacientes desplazados y con la cohesión del Sistema Nacional de Salud, pero también por reclamar que los mecanismos de compensación tengan en cuenta de manera más precisa los costes que genera esa asistencia.
"Defendemos y aportamos mas que ninguna otra Comunidad a la solidaridad entre territorios y a la atención a los pacientes desplazados, creemos firmemente en la cohesión del Sistema Nacional de Salud y vamos a seguir atendiendo a cualquier ciudadano con independencia de dónde resida".
Desde Madrid, además, añaden que esta comunidad "es una de las que más contribuye al sostenimiento de los mecanismos de compensación interterritorial y, al mismo tiempo, es la que más pacientes recibe y atiende procedentes de otras comunidades autónomas, especialmente en hospitales de alta complejidad y centros de referencia". Esa realidad forma parte del papel que Madrid desempeña dentro del Sistema Nacional de Salud y afirma que "seguiremos asumiéndolo con responsabilidad".
Desde la consejería han hecho hincapié en el compromiso que tienen con la cohesión del sistema y afirman que entienden que "los mecanismos de liquidación deben evolucionar para reconocer adecuadamente todos los costes asociados a la asistencia que efectivamente se presta. Hoy existen gastos muy relevantes, especialmente los vinculados a medicamentos hospitalarios de alto impacto, que no quedan suficientemente reflejados en el modelo de compensación". Con respecto a este tema, desde Madrid han indicado que "no se debe abonar solo el 85% del gasto , sino que debe financiarse el gasto real producido".
El propio Ministerio de Sanidad reconoce en una consulta pública que la regulación vigente contiene importes compensables y una relación de patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos que requieren una actualización periódica. Según el documento, esta revisión debe tener en cuenta tanto los acuerdos adoptados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como la evolución de los costes reales, calculados a partir de los datos de la Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.
Cambios para pasar del “no” al “sí”
En este contexto, Sanidad plantea una nueva actualización de los costes compensables de los procesos agrupados mediante Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). El Ministerio justifica esta revisión por la actualización de los datos y del proceso de estimación de los pesos y costes hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. El objetivo declarado es que los mecanismos de compensación del FCS reflejen de forma adecuada las necesidades asistenciales actuales y los costes asociados.
Desde Euskadi no se plantean eliminar los mecanismos de compensación entre comunidades, sino cambiar las reglas con las que se están aplicando. El Gobierno Vasco reclama principalmente una regulación más clara y estable, con los mismos criterios para todas las autonomías y con “respaldo normativo suficiente” para calcular las cantidades que deben pagar o recibir cada una.
También piden desarrollar la normativa del FOGA, pendiente desde su creación, y mejorar la transparencia de las liquidaciones, de forma que las comunidades puedan conocer y comprobar cómo se han calculado. La propuesta pasa, además, por revisar el funcionamiento del sistema y corregir los desequilibrios que Euskadi considera que se han producido.
Con estos cambios, el Ejecutivo vasco defiende que podría respaldar un modelo de compensación que garantizase que todas las comunidades sepan de antemano qué se les va a reclamar, cómo se calcula este dinero y con qué criterios.
Desde Madrid aclaran que lo que pretenden es "que el sistema de financiación y compensación entre comunidades autónomas sea más riguroso, más transparente y refleje mejor los costes reales de la asistencia sanitaria que prestamos". Para preservar la cohesión en el futuro, la comunidad ha pedido unos mejores "mecanismos de compensación, más justos, más completos y más robustos". Además han añadido que la comunidad "va a seguir siendo una comunidad abierta, receptora y solidaria. Seguiremos atendiendo a miles de pacientes de toda España porque creemos en un Sistema Nacional de Salud cohesionado", exponiendo de esta manera sus posición y peticiones con respecto a los Fondos de Cohesión Sanitaria.
