El presidente del Gobierno se había tomado cinco días de reflexión para decidir su futuro

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España
Pedro Sánchez.


29 abr. 2024 11:10H
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes a las 11 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa tras cinco días de reflexión personal para comunicar que seguirá como presidente del Gobierno de España, y por tanto, que continuará con el proyecto sanitario pactado con Sumar. "He decidido seguir", ha zanjado.

“No es un punto y seguido, es un punto y aparte”, ha manifestado durante su discurso el presidente del Ejecutivo, quien ha asegurado que tiene “más fuerza si cabe” para afrontar lo que considera una “contienda partidista” contra su entorno y, particularmente, contra su esposa, Begoña Gómez (que ha sido acusada de tráfico de influencias y corrupción por la organización Manos Limpias). Una “campaña de descrédito” que enmarca dentro de una corriente “perversión democrática de desastrosas consecuencias”. 

Un escenario que, en palabras de Sánchez, hacía necesario “parar y reflexionar” durante algunas jornadas tal y como adelantó en la carta que hizo pública el pasado miércoles. “En política no suele ser habitual reconocer antes quienes buscan quebrarme que duele vivir esta situación, pero a veces la única forma de avanzar es detenerse y decidir por dónde queremos continuar”, ha apuntado.
En este sentido, el jefe del Gobierno ha incidido en que su ‘pausa’ no ha sido debida a una cuestión ideológica. “Hablamos de respeto, de dignidad, de reglas de juego”, ha destacado.

Sánchez ha incidido en que esta “campaña de descrédito” contra su mujer y contra él mismo “no parará”. “Podemos con ello —ha asegurado—. He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la presidencia”. 

El presidente de la pandemia Covid-19


Más allá de esta decisión, la gestión sanitaria de Sánchez quedará siempre marcada por el hecho de que fue el presidente del Gobierno que hubo de lidiar con la pandemia de Covid-19 desde su inicio, en marzo de 2020, hasta la declaración del fin definitivo de la crisis sanitaria, en julio de 2023, es decir, casi una legislatura, la XIV, entera.

A la hora de hacer balance de la política en salud del también secretario general del PSOE cabe mencionar la aprobación, con mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, de la Ley de Eutanasia. Ocurrió en diciembre de 2020, con Salvador Illa al frente del departamento ministerial sanitario, si bien su predecesora, María Luisa Carcedo, fue su principal impulsora.

Casi un año después, en octubre de 2021, el propio Sánchez anunció el impulso de un Plan de Acción de Salud Mental para el periodo 2021-2024 y dotado con 100 millones de euros. Desde 2009 no se había renovado la estrategia nacional de salud mental. En esa misma línea, en mayo de 2022 se creó el teléfono 024 de atención a la conducta suicida, que, en su primer mes en funcionamiento recibió entre 500 y 600 llamadas diarias.

Otro de los ‘hitos’ reseñables de la sanidad de Sánchez fue el lanzamiento del Perte de Salud de Vanguardia, programa lanzado en 2021 en marco de la estrategia para la recuperación y transformación económica a raíz de la crisis pandémica. En un primer momento, se previó un inversión público-privada de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023, aunque, en junio de este último año, el Consejo de Ministros acordó una adenda del Plan de Recuperación para incrementar el montante hasta superar los 2.000 millones de euros. En un sentido similar, las inversiones del Plan Inveat se articularon para facilitar la renovación de la tecnología del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Objetivos sanitarios pendientes de la era Sánchez


En la agenda de tareas sanitarias pendientes de Sánchez se halla la mayoría de promesas reflejadas en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado entre PSOE y Sumar a finales de octubre, unas tres semanas antes de que el socialista lograra ser investido presidente. En cualquier caso, se han dado pasos en pos de los objetivos se materialicen.

Destacan la elaboración de un plan de choque de Atención Primaria -cabe recordar la inminente creación de una comisión de Primaria en el seno del Consejo Interterritorial-, la limitación por ley de las listas de espera -Mónica García también ha impulsado un grupo de trabajo específico con las comunidades autónomas con vistas a renovar la normativa en 2025-, el impulso de un Pacto de Estado por la Salud Mental -Sanidad creó un Comisionado de Salud Mental en noviembre- y la ampliación de la cartera de servicios del SNS con salud bucodental, visual y mental.

A estas cuentas todavía pendientes hay que añadir otras del ramo sanitario, incluidos en la Plan Anual Normativo (PAN) de la Administración General del Estado (AGE) para este 2024, entre los que se enumeran cuatro leyes cuyo proponente principal es el Ministerio de Sanidad: la reforma del Estatuto Marco ya iniciada en la anterior legislatura, la normativa de prevención del consumo de alcohol entre jóvenes, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y la Ley de Gestión Pública de los Servicios Sanitarios.

Esta última, que no viene a ser sino la adaptación de la llamada ley Darias de equidad y cohesión del SNS que quedó en agua de borrajas, fue presentada por la actual ministra como la “consagración de la supremacía de la gestión pública” de la sanidad española. Aunque anunció que saldría a consulta pública próximamente, su propuesta de articulado aún es una incógnita.

En lo referente a la Ley de Garantías, también se ha avanzado con precedentes como la posibilidad, confirmada por el propio ministerio, de permitir la libre competencia de precio en los fármacos. La idea es que los medicamentos genéricos y biosimilares puedan venderse por una suma más barata que la de los fármacos equivalentes de marca, de cara a favorecer su competencia en el mercado.

En el tintero del líder socialista también permanecen aún la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública. Aunque el proyecto de ley se publicó en febrero y evitó el veto de enmiendas a la totalidad, su plazo de presentación de enmiendas parciales ya acumula varias prórrogas. A pesar de ello, la titular de Sanidad aseguró a este periódico que el objetivo de contar con una Agencia de Salud Pública en 2024 sigue intacto.
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