Javier Leo / Imagen: Miguel Ángel Escobar y Pablo Eguizábal. Sigüenza
El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, ha sido el encargado de poner punto y final al IV Encuentro de Directivos de la Salud, organizado en Sigüenza por Sanitaria 2000, con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Fundación Ad Qualtitatem, y el patrocinio de Abbott, Boston Scientific, Dräger Medical, Fresenius Medical Care y Gasmedi. Durante su conferencia, titulada “Relación espacio sanitario-atención a la dependencia”, Tremiño hizo hincapié en varias ocasiones en la idea de que la Ley de Dependencia, y su reciente reforma, “se han hecho pensando en cubrir las necesidades y en la mejora de la calidad de vida de los dependientes, no en el bienestar de su contexto familiar”.
Cristina Granados, gerente del Área Integrada de Guadalajara; Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000.
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“Todos hablan de la dependencia pero muy pocos conocen en profundidad qué implica ni la relación directa que tiene con la sanidad”, ha indicado Tremiño. A su juicio, “una buena prevención de las situaciones de dependencia genera un ahorro considerable en la sanidad, y ahí es donde entra la Ley, que solo reordena unos servicios sociales en muchas ocasiones ya existentes”. La discapacidad afecta al 32 por ciento de los españoles mayores de 65 años y a un 5 por ciento de los menores, lo que ha provocado que “el número de demandantes fuera muy superior a las previsiones y la calidad del servicio, de acuerdo a lo invertido, no fuera todo lo buena que se deseaba”, ha comentado.
Sobre la reciente reforma de la Ley, Tremiño ha destacado que se trata de una ampliación “conforme a lo que necesitan los dependientes, no sus familiares”, priorizando, por ejemplo, los grados de dependencia frente al orden de solicitud o restringiendo los requisitos para el acceso a prestación económica, “una medida excepcional desde que se concibió la Ley que, sin embargo, se ha desvirtuado al concederse a entre el 45 y el 50 por ciento de los dependientes evaluados”.
"Se concedía la prestación sin valorar si la persona iba a estar mejor atendida"
“Se concedía la prestación sin entrar a valorar si la persona iba a estar mejor atendida”, asegura Tremiño. En esta misma línea también se han diluido los niveles dentro de los grados, ya que “se daban, en muchas ocasiones, los mismos servicios a unos y otros”, afirma.
Blanca Fernández-Lasquetty, vocal de la Asociación Nacional de Directivos de la Salud (ANDE) en Castilla-La Mancha (segunda por la izq.) y su acompañante, Alfonso Gimeno. A continuación, Ana Zaballos Ruano, de la Dirección General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, y el titular de esta última, Antonio Burgueño.
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Además de la prevención, la reforma también profundiza en la incorporación de cuidadores pocas horas al día o a la semana para ayudar a los dependientes como medida de ahorro. “La creación de empleo es uno de los beneficios directos de la normativa, pero no su objetivo principal”, ha subrayado el director general de Discapacidad, quien cerró su discurso aseverando que “ninguna persona en situación de dependencia se quedará sin atender por motivos económicos”.
Mario González, gerente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza; Isabel Tovar, de la Junta Directiva de Sedisa; Rosario Pérez-Carbonell, gerente del Área de Salud Cáceres-Coria; y Javier Maldonado, gerente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
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De izq. a dcha.: Juan Carlos Risueño, gerente del Complejo de Segovia; José Manuel Pérez Gordo, subdirector de Gestión en la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente y tesorero de Sedisa; y Modoaldo Garrido, gerente del Hospital Fundación Alrcorcón de la Comunidad de Madrid.
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De izq. a dcha.: María de los Ángeñes Matoses, comisionada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana en el Hospital Ribera de Valencia; Jon Guajardo Remacha, vocal de Sedisa y adjunto a la Gerencia del Hospital de Basurto; y Ángel Gómez, gerente del Área Hospitalaria de Ciudad Real.
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En la primera instantánea, Ramón Cunillera, director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, junto con Félix Mata, gerente del Hospital Costa del Sol de Málaga. En la siguiente fotografía, Eusebio Azorín, director de Fundosa-ONCE; Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, y Juan Antonio Marqués Espí, gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General.
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María Jesús Pérez y Victoria Sotomayor, gerentes de Gestión Sanitaria de Abbott, junto con Miguel Sánchez, gerente del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
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De izq. a dcha.: Juan Carlos Antony, director comercial en Dräger Medical; Pedro Costa, director de la Unidad de Negocio de Fresenius Medical Care, y Juan Carlos Alcolea, director de Ventas en esta misma compañía.
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Ignacio López Puech, gerente del Hospital de Canarias (Tenerife); Mercedes Cueto, gerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Tenerife); Miguel Sánchez, gerente del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria.
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Juan Antonio Marqués Espí; Carlos Alberto Arenas; Pilar Lucas, directora médica del Hospital de Elda (Alicante); José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y Carlos Morera, acompañante de Pilar Lucas.
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