La reforma fiscal amenaza las cuentas del sector

Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros dará previsiblemente su visto bueno este viernes a la reforma fiscal en la que lleva trabajando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde hace meses. Entre las medidas que incluirá se prevé que el Gobierno introduzca el incremento del IVA sanitario (del 10 al 21 por ciento) marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que en una sentencia de enero de 2013 condenaba a España por la aplicación de un tipo ilegal a los productos sanitarios con la única excepción de aquellos destinados al uso de personas con minusvalías. Además, se especula con otras medidas, como una modificación del impuesto de sociedades o de los costes laborales, y el sector sanitario privado confía en algún tipo de desgravación fiscal del seguro. En todo caso, hasta que no se conozca el texto definitivo no será posible desentrañar si el balance es más o menos negativo.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Lo cierto es que el impacto del incremento del IVA sanitario puede desembocar en un daño terrible para los fabricantes de estos productos y para el sector sanitario privado, pero también para los presupuestos autonómicos y para los hospitales públicos. Según estimaciones del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) en 2013, el 18 por ciento del total de los hospitales privados tendría resultados Ebitda negativos y otro 35 por ciento se situaría en torno al cero, en riesgo de entrar en negativo. Es decir, más de la mitad de los centros sanitarios privados españoles podrían atravesar un periodo preocupante de turbulencias.

En el caso de los fabricantes y proveedores de estos productos sanitarios, la consecuencia de esta subida será un precio final de venta superior al actual, y, a partir de ahí, las administraciones pueden optar por tener menos cantidad de productos con el mismo presupuesto o presionar para intentar que los precios bajen.

Lista de productos excluidos

En principio la sentencia del TUE afectaba a productos de todo tipo, desde vendas o apósitos a termómetros, pero también a dispositivos implantables, resonancias magnéticas o escáneres. Sin embargo, desde el momento en el que se conoció la decisión judicial, la patronal de la tecnología sanitaria, Fenin, junto al IDIS y a la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) y el propio Gobierno pusieron en marcha un grupo de trabajo para tratar de elaborar un listado de productos que quedaran eximidos de esta sentencia.

España ha defendido la aplicación de un tipo reducido a aquellos productos sanitarios que se puedan considerar de primera necesidad, es decir, aquellos que salvan vidas, corrigen discapacidades o solventan una minusvalía, si bien no ha trascendido la decisión comunitaria, y este viernes se sabrá qué productos quedan excluidos, si es que se incluyen excepciones a la norma.

En todo caso, y aunque la cuenta atrás toca a su fin, el proceso de aplicación de esta norma todavía será largo. Aunque el borrador se apruebe este viernes en el Consejo de Ministros, todavía deberá pasar por el Consejo de Estado y afrontar su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor. Si bien fuentes consultadas por este periódico no han querido dar una fecha estimada para la aplicación de esta subida, desde la industria y la sanidad privada se ha venido reclamando que se retrase hasta 2015.

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