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La CNMC: fijar los precios de los ortoprotésicos requiere mejor información

El organismo aconseja acabar con la asimetría entre los datos que tienen los operadores y la Administración

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada
La CNMC: fijar los precios de los ortoprotésicos requiere mejor información
Redacción
Jueves, 29 de diciembre de 2016, a las 18:30
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe sobre la determinación de los Importe Máximo de Financiación (IMF) de los productos ortoprotésicos en el que aconseja que se obtenga una mayor variedad de fuentes de información y más fiables para llevar a cabo esa tarea.

El documento, elaborado a petición del Ministerio de Sanidad, recomienda a la Administración que haga un estudio sobre las fuentes de información disponibles para la catalogación de las situaciones y productos que se financiarán y que complete sus datos con fuentes alternativas.

Además, un procedimiento de comunicación "efectivo y veraz" sobre los precios ofertados por los operadores para dificultar la concertación entre las empresas.

Por otro lado, la CNMC también considera que existe la necesidad de equiparar la cantidad de información que posee la Administración con la que tienen los operadores dado que esa asimetría "dificulta la introducción de mecanismos de concurrencia competitiva y reduce la eficiencia en el aprovisionamiento de la Administración".

Asimismo, el organismo consultado recomienda requerir información a todos los operadores "de forma individualizada e independiente" e introducir mecanismos que permitan cruzar y contrastar los datos –uso del conocido como ‘big data’- para evitar la coordinación entre operadores y "la potencial captura del regulador". Según la CNMC estos pasos facilitarían “precios inferiores y mejores prestaciones en calidad e innovación".

En opinión del 'superregulador', el proceso de fijación de los IMF, que determinan la cuantía máxima financiable por el contribuyente a través del Sistema Nacional de Salud y fijada para cada tipo de producto, "no otorga confianza legítima" ni a los operadores ni a la Administración en cuanto a su adecuación a la normativa de defensa de la competencia.