No es tarde para debatir (de verdad) sobre la colaboración público-privada

El Consejo de Ministros ha aprobado y así enviado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la que se ha dado en llamar en el ámbito sanitario la Ley de Gestión Pública.

La regulación de cómo se relaciona lo público con el sector privado es una necesidad para saber todos a qué reglas atenernos y dónde están las lindes de lo común y lo particular.

Tradicionalmente, entrar en este debate ha sido elemento ideológico diferencial entre los arcos parlamentarios de izquierda y derecha. Unos parecen instalados cómodos en la sospecha de tejemanejes, mientras que a otros se les sitúa en la tranquilidad ciega del que confía en un armonioso e ideal funcionamiento. Probablemente la verdad no esté en los extremos.

Pero, ¿qué se representa en el cerebro del ciudadano de a pie cuando escucha el concepto colaboración público-privada? ¿Sabe realmente discernir matices mientras se vociferan soflamas políticas?

Si abrimos este cajón nos ilumina la diferencia entre conciertos y convenios, el abanico de los distintos modelos de gestión pública o incluso la disparidad entre nuestras capacidades de organización clínica y las de otros sistemas europeos. También las realidades que viven los sistemas de salud englobados en España; ¿es igual el concepto en Cataluña que en Extremadura?

Por eso, si queremos evitar ser percibidos tan sectarios o dogmáticos como aquellos a quienes criticamos (ideológicamente), el primer paso debería ser documentarnos bien acerca de qué se está haciendo, qué resultados está dando (si la transparencia lo permite) y mirar si esto se desvía mucho, poco o nada de los objetivos marcados. El principal para la sanidad pública debe ser que esa cobertura universal llegue a todos los rincones del país con equidad, cohesión, calidad y esos ingredientes que tienden hacia la deseada excelencia. Pero también debemos ser conscientes de que los recursos económicos son los que pongamos de nuestro bolsillo común, que no es un pozo sin fondo.

Más allá de que la cuestión tiene sin duda un lecho ideológico notable, se respira la necesidad de pedagogía para que se discuta de colaboración público-privada en foros más constructivos que los monólogos electoralistas. La propuesta de nueva ley ronda ya los escaños de sus señorías, pero aún hay tiempo para un debate fructífero con políticos, gestores, profesionales y pacientes / ciudadanos. A lo mejor esta vez tampoco se concluye un marco consensuado, pero intentarlo con buena fe nos hace a todos mejores y más partícipes de nuestro sistema sanitario.