Médicos y enfermeros cobrarán otro 0,25% en julio si sube el PIB

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 presentado este lunes en el Congreso de los Diputados recoge un aumento de las retribuciones de los empleados públicos, entre los que se encuentran el personal sanitario, del 2,25 por ciento, que podría incrementarse un 0,25 por ciento a partir del 1 de julio si se alcanza el crecimiento previsto para 2018.

"En el ámbito de la función pública los PGE para 2019 incorporan las previsiones para este ejercicio del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo", detalla el documento, que hace hincapié en la subida total que podría darse: "Esto supone un incremento del 2,25 por ciento, que podría incrementarse en un 0,25 por ciento adicional a partir del 1 de julio si se alcanza el crecimiento previsto para 2018, así como por la asignación de fondos adicionales hasta alcanzar el 2,75 por ciento".

Los sindicatos y el Gobierno llevan meses negociando este incremento salarial, que finalmente se aprobó en Consejo de Ministros el pasado viernes 21 diciembre en forma de real decreto ley ante la falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos del PSOE para 2019. Sin embargo, recuerdan los sindicatos firmantes del acuerdo con Función Pública, falta por fijar la cuantía variable del 0,25 asociada al crecimiento del PIB con referencia al 2019.

Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento. Los incrementos globales resultantes serán: si el PIB es igual a 2,1; un 2,30 por ciento. Si es igual a 2,2: un 2,35 por ciento; si es de 2,3, un 2,40 por ciento y si el PIB es igual a 2,4, sería de 2,45 por ciento. 

Acuerdo con los sindicatos

De acuerdo con el contenido del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sindicatos (CCOO, UGT y CSIF), la oferta pública de empleo para 2019 incluye una tasa de reposición del 100 por ciento con carácter general y una bolsa adicional del 8 por ciento para los sectores que las distintas administraciones consideren necesario reforzar.

Esta bolsa adicional ascenderá hasta el 10 por ciento en el caso de las entidades locales cuya deuda financiera esté amortizada. Para poder aplicar estas tasas, las administraciones públicas deberán haber cumplido los objetivos de déficit y deuda así como la regla de gasto. En caso contrario, dichas tasas de reposición se verán reducidas.

Asimismo, el proyecto refleja que los gastos de personal aumentarán un 4,2% respecto a 2018, fundamentalmente por el incremento de la remuneración de los funcionarios prevista en el Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.