Foto de familia del Comité editorial de Redacción Médica
La reforma del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud ha llegado a una situación especialmente delicada. Después de años de negociación, el Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto acordado con las principales organizaciones sindicales presentes en la mesa, pero no con los sindicatos médicos, que mantienen abierto el conflicto y han anunciado una huelga de carácter indefinido.
Ninguna de las salidas parece plenamente satisfactoria. Aprobar el Estatuto sin un acuerdo suficiente con los médicos dejaría abierta una fractura importante con una profesión esencial para el sistema. Modificar sustancialmente lo ya acordado podría poner en riesgo el consenso alcanzado con otros sindicatos. Y, si la reforma no prospera, seguirán abiertos el conflicto y la necesidad de actualizar el marco profesional y laboral del SNS.
La convocatoria de una huelga indefinida agrava aún más la situación, con costes para pacientes, profesionales y sistema. Esos costes deberían impulsar a todas las partes a buscar una salida que permita evitarla y a aprovechar este momento para replantear las preguntas de fondo que el conflicto ha dejado al descubierto. A nuestro juicio, ello exige dar un paso atrás: no para ignorar las reivindicaciones planteadas ni para posponer las decisiones, sino para preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son los problemas de fondo que vive hoy el colectivo profesional, qué puede resolver realmente el Estatuto Marco y qué tipo de Estatuto necesita un Sistema Nacional de Salud descentralizado.
La primera pregunta es cuál es realmente el problema que se quiere resolver: ¿las condiciones laborales o también el malestar de los médicos y el difícil encaje del profesionalismo en nuestras organizaciones?
La negociación se ha centrado, de forma lógica, en jornadas, guardias, categorías y representación. Son cuestiones relevantes, pero no agotan el problema. Muchos profesionales sienten que tienen poca capacidad para participar en las decisiones que afectan a su trabajo, que soportan una creciente carga burocrática de escaso valor y que las organizaciones no siempre facilitan que puedan dedicar su tiempo a aquello que más aporta a los pacientes. La cuestión es si un buen Estatuto, aun siendo necesario, bastaría por sí solo para responder a ese malestar.
La segunda pregunta es qué puede resolver el Estatuto Marco y qué depende de las organizaciones sanitarias.
Una norma puede definir derechos y garantías, pero no puede por sí sola simplificar burocracias innecesarias, generar confianza o cambiar la forma en que se organizan y dirigen los servicios. Con el mismo Estatuto y unas condiciones laborales similares, dos organizaciones pueden ofrecer experiencias profesionales muy distintas. Una parte decisiva del problema, por tanto, no se resolverá solo con la ley: exige revisar cómo funcionan las organizaciones sanitarias.
La tercera pregunta es qué debe regularse de forma común y qué debe poder desarrollarse en un Sistema Nacional de Salud descentralizado.
El Estatuto ha de ser robusto en lo esencial: derechos, garantías, equidad y cohesión del sistema. Pero una regulación demasiado detallada puede reducir la capacidad de las comunidades autónomas y de las organizaciones para adaptarse a realidades diversas. La cuestión es encontrar un equilibrio razonable entre un marco común y la capacidad de desarrollo en cada ámbito.
Por último, la cuarta pregunta surge cuando el problema exige un marco que vaya más allá de la negociación.
Las cuestiones anteriores no pueden responderse únicamente mediante el articulado de una ley, la tramitación parlamentaria o la negociación colectiva. Si el conflicto ha llegado hasta aquí probablemente es porque una parte del problema desborda esos instrumentos. A nuestro juicio, esta situación podría ser una oportunidad para impulsar la creación de un foro estable de reflexión y diálogo profesional, capaz de mirar más allá del desacuerdo inmediato y de abordar las cuestiones de fondo que han quedado al descubierto.
No se trataría de detener la tramitación del Estatuto ni de sustituir a las partes que negocian. Tampoco sería una mediación al uso, orientada simplemente a encontrar un punto intermedio entre posiciones enfrentadas. Sería un foro estable de reflexión, con un mandato y un calendario precisos, en el que estuvieran representados el Estado y las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y las organizaciones de pacientes. Su función sería comprender mejor el problema, ordenar los desacuerdos e identificar posibles acuerdos que el Parlamento pudiera escuchar e incorporar a su deliberación.
La posibilidad abierta por el Ministerio de Sanidad para que el Estatuto Marco pueda anidar y complementarse con uno más específico para médicos abre sin duda un espacio interesante para proyectar los trabajos de este foro hacia un desarrollo normativo futuro.
La tramitación del Estatuto Marco puede acabar como un episodio más de frustración y confrontación; pero también puede ser la ocasión de ampliar la mirada y repensar la relación entre el SNS, sus profesionales y sus organizaciones.
