Direcciones generales de varias CCAA analizan la investigación a Antònia Font por los confinamientos en hoteles baleares

Las Consejerías de Sanidad priman el control Covid sobre el temor judicial
Imagen del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado presencialmente en Madrid.


21 jul 2021. 19.00H
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Cierre de filas y respaldo de las comunidades autónomas en torno a Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública en Baleares, que ha sido imputada por el confinamiento de estudiantes. Carmen Cabezas, su homóloga en Cataluña, ha manifestado su “solidaridad y extrañeza por la situación”.

“La decisión que se tomó en Baleares fue una medida de salud pública para garantizar el confinamiento y evitar más contagios”, ha asegurado Cabezas preguntada por Redacción Médica. Desde Cataluña se justifica la medida, ya que buscaba “proteger a los contactos estrechos de los confinados en todo el Estado”.

En Castilla-La Mancha también se defiende la decisión tomada por Font. “Es incomprensible que haya sido imputada por proteger vidas”, ha apuntado Blanca Fernández, portavoz del Gobierno autonómico. “Es difícil de entender que una persona que toma una decisión para salvar vidas ahora sea imputada; se quedará en nada”, ha sentenciado.

Fuentes de la dirección general de Salud Pública de otras autonomías también coinciden en dar todo su apoyo a Font. En declaraciones a Redacción Médica, estas fuentes explican que "en situaciones críticas es muy muy difícil acertar en las decisiones que tomamos como Autoridad Sanitaria". "Siempre prima el principio de precaución a la vez que hay que ser totalmente transparentes e informar a todas las partes intervinientes", señalan analizando este tipo de casos con tanta repercusión en la sociedad civil. 

"No nos va a temblar el pulso"


Dichas fuentes, que matizan que no les va a "temblar el pulso" para establecer restricciones si la situación epidemiológica del Covid-19 así lo exige, explican eso sí que se sienten respaldadas por su Administración autonómica "pero no por el Estado". "Lo que hay que dilucidar es por qué unos padres se ven abocados a formalizar una denuncia judicial contra la Autoridad Sanitaria", reflexionan. "¿Falta de comunicación, de transparencia, de consenso entre las partes?", se preguntan. Si bien atisban "poco recorrido" a la demanda.

Por su parte, el Ejecutivo de Baleares ha querido expresado que “defiende y apoya la actuación de la Dirección General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum, así como de todos sus miembros, para controlar el macrobrote de contagios de Covid”.

El Gobierno regional señala que consideró que la actuación fue “proporcionada” y fundamentada en “la defensa y protección de la población”. Además, añaden que los comportamientos de riesgo confirmados después del seguimiento de las autoridades sanitarias y el volumen de casos detectados a los días siguientes al confinamiento “nos reafirman en el hecho que se desarrollaron las actuaciones oportunas”.

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