Insisten en contemplar factores relativos a población, envejecimiento y la renta per cápita



6 mar. 2014 16:54H
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Redacción. Madrid
Este viernes se cierra el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus informes de evaluación del sistema de financiación autonómica y avancen qué factores debería tener en cuenta el modelo futuro. A pesar de que la mayoría coinciden en la necesidad del consenso, lo cierto es que una vez finalizado el tiempo que se les ha dado, no han logrado fijar una postura común en lo relativo a la financiación de servicios básicos como la sanidad.

Imagen de los consejeros y el ministro de Economía y Hacienda en una de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.


Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, y Extremadura han señalado la necesidad de reformular el peso de la densidad de población, el envejecimiento, la dispersión y la población joven en el nuevo sistema de financiación autonómica para que se solventen las crecientes desigualdades. Por su parte, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana han defendido que el nuevo sistema cubra los servicios básicos en condiciones de igualdad y con independencia del nivel de renta, así como que se acoja a criterios de población, con una financiación centrada en personas, no en territorios.

Esta falta de un consenso podría dar lugar a que finalmente sea el Ministerio de Hacienda el que fije el criterio común que rija el modelo de financiación en el ámbito sanitario.

La consejera de Economía de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que su documento pone de manifiesto “que el modelo no ha garantizado la suficiencia de recursos y que se observan diferencias significativas entre el gasto y la financiación para los servicios públicos fundamentales”. En este sentido, se ha manifestado también Castilla y León que asegura que “el sistema nació fallido ya que ni si quiera cubre las necesidades de las tres consejerías de que prestan los servicios esenciales: educación, sanidad y servicios sociales”.

Aragón insiste en que la fórmula para calcular el coste de los servicios debe partir de un acuerdo entre todas las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su presidenta, Luisa Fernanda Rudi, asegura que “en Sanidad, el coeficiente básico es la población pero tiene que ser corregido por aquellas circunstancias específicas de cada comunidad”. Ha subrayado además que “el gasto sanitario a partir de los 65 años es un punto de inflexión donde crece en progresión geométrica”.

El gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado, a través de su portavoz, Leandro Esteban, que la nueva financiación tenga en cuenta factores como la extensión territorial y la densidad de población, pero de manera ordenada”.

Por su parte, Francesc Homs, consejero de Presidencia de Cataluña, ha apuntado que “no está dispuesto a que la solidaridad entre territorios no tenga límites” y José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ha sostenido que “mecanismos como el FLA o el plan de pago a proveedores también deben contar como financiación pese a ser préstamos que tendrán que ser devueltos”.

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