La reforma financiera pone en jaque la equidad sanitaria entre territorios

La nueva propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica podría poner en riesgo la equidad entre comunidades. Así lo advierte el economista Ángel de la Fuente en un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El trabajo analiza el plan que ha presentado el Ministerio de Hacienda este 2026 para sustituir el modelo acual, vigente desde 2009.  De este modo, señala que los cambios en el reparto de los recursos tributarios entre administraciones podrían tener un impacto directo en la financiación de los servicios públicos, con la sanidad entre los ámbitos más expuestos. El estudio incluye, además, una primera comparación entre el sistema actual, la iniciativa del Gobierno y algunas de sus posibles variantes.

Las contradicciones financieras del modelo de financiación actual

De la Fuente define el sistema de financiación vigente como una estructura “contradictoria”. Por un lado, el Fondo de Garantía actúa como el principal mecanismo nivelador y redistributivo. Sin embargo, el reparto de los fondos ad hoc, a los que refiere como “una especie de lotería superpuesta”, introduce un alto grado de arbitrariedad que puede llevar a importantes desigualdades territoriales: regiones con necesidades sanitarias similares podrían terminar recibiendo niveles de financiación muy distintos.

En este contexto, la nueva propuesta reduce el grado medio de nivelación hasta el 91 por ciento, lo que permite a las comunidades retener una mayor parte de su capacidad fiscal. Con ello, se asegura que el sistema se “limpia” parcialmente de esos elementos arbitrarios. De aprobarse la propuesta, los mecanismos ad hoc reducirían su peso financiero del 13 al 2 por ciento. Este ajuste recortaría la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada. Sobre el papel, esto debería contribuir a igualar la capacidad de gasto en servicios de todo tipo entre territorios, entre los que se incluyen los hospitalarios.

La propuesta del Gobierno podría entenderse como un primer paso, al hacer que el reparto dependa en mayor medida de criterios objetivos de necesidad y menos de acuerdos políticos puntuales. Además, el planteamiento parece evitar que una región con mayor capacidad contributiva termine disponiendo de menos recursos que otra receptora, si ambas presentan necesidades similares. Con todo, aún existe un amplio margen para reducir las desigualdades financieras entre comunidades autónomas. No obstante, De la Fuente también es claro: existen una serie de riesgos en la nueva propuesta de financiación que conviene tener en cuenta.

Los riesgos sanitarios del nuevo sistema de financiación

La reforma corre el riesgo de parecer más equitativa sobre el papel, pero serlo mucho menos en la práctica. Si no se corrige la forma en que se mide la “capacidad fiscal”, es decir, los ingresos reales obtenidos por impuestos, comunidades como Baleares o Canarias podrían seguir arrastrando distorsiones en su financiación efectiva para sostener servicios públicos como la sanidad.

Así, el economista insiste en que, para evitarlo, no basta con cambiar leyes; también es necesario un acuerdo político entre territorios con mayor y menor capacidad recaudatoria que permita mantener un alto grado de nivelación, en torno al 90 o 95 por ciento, y asumir el compromiso de no bloquear la reforma por el temor a perder posiciones relativas marginales.

La propuesta, además, tiene un coste para las arcas públicas. La mejora de la equidad planteada por el Gobierno supondría un desembolso adicional de 15.316 millones de euros para la Administración central, lo que implicaría que el Estado dejaría de disponer de esos recursos para otras competencias.