Estas prestaciones, unidas a las de la educación, suponen el 50% de la renta de las familias más pobres, según Fedea

La inversión pública en sanidad reduce un 9% la desigualdad de los hogares
Ángel de la Fuente


13 dic 2021. 14.30H
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El gasto público en sanidad ayuda a combatir la desigualdad de los hogares. Así se desprende del estudio elaborado por la Fundación de Estudio de Economía Aplicada (Fedea) en torno a la relación directa entre las prestaciones del Estado y las diferencias en la renta de mercado de las familias. 

De acuerdo con los datos de 2018, las ayudas públicas en especie de sanidad y educación, incluidas por primera vez en el documento, contribuyeron a reducir un 23 por ciento la desigualdad en la renta de mercado. El efecto redistributivo del gasto sanitario fue, de hecho, "sensiblemente superior" al registrado en el ámbito educativo.

En términos porcentuales, la sanidad pública redujo en un 9,6 por ciento la desigualdad de la renta disponible en 2017, y en un 9,4 por ciento en 2018. En el segundo caso, la educación no superior fue la que más garantizó la equidad, acaparando más del 96 por ciento del efecto reductor. De este dato se desprende que ni el gasto en universidad ni en ciclos superiores como la Formación Profesional tiene un efecto notable en la distribución de la renta. 

Una vez descontados impuestos y prestaciones monetarias, la inversión pública en educación y sanidad minoró la desigualdad de los núcleos familiares en la distribución de la renta disponible en un 11,5 por ciento en 2017 y un 11,1 por ciento en 2018. Se trata de las "dos principales políticas de gasto en bienes preferentes, cuya provisión por parte del sector público se realiza, mayoritariamente, mediante transferencias en especie". 
Cuando se trata de homogeneizar poder adquisitivo, las prestaciones monetarias, fundamentalmente las pensiones, suponen un impacto del 70 por ciento, según el informe, mientras que el sistema fiscal es responsable de poco más de un 7 por ciento de la reducción de la desigualdad de los hogares españoles. 

A la hora de calcular el impacto del gasto en sanidad, Fedea aplicó el enfoque del valor del seguro. Dado el carácter universal de la cobertura de la sanidad pública en España, se consideró como beneficiarios a la totalidad de los miembros que integran los hogares residentes en España, es decir, la provisión de un seguro sanitario público de cobertura general para toda la población, teniendo en cuenta categorías como servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, servicios de salud pública, colectivos de salud, gasto en farmacia, traslado, prótesis y aparatos terapéuticos o gasto de capital. 

Prestaciones sanitarias, menos del 3% en hogares ricos


Una vez analizado el coste presupuestario total, el subsidio medio correspondiente a la sanidad para el conjunto de hogares es un 8,9 por ciento de la renta bruta, en 2017 y 2018, si bien se aprecia una tendencia progresiva ya que dichas ayudas decrezcan a medida que aumenta el poder adquisitivo de los hogares. Esto provoca diferencias de hasta 35 puntos entre las familias con menores rentas y los hogares situados en el tramo más alto. 

En consecuencia, las prestaciones públicas en especie de educación y sanidad suponen prácticamente un 50 por ciento de la renta bruta de los hogares más pobres, y menos del 3 por ciento de los más ricos.

En términos monetarios, para el hogar español medio, que en 2018 tenía una renta primaria ampliada de 34.246 euros, las prestaciones públicas de carácter monetario elevan su renta en 9.176 euros, de los cuales 6.962 euros correspondieron a pensiones de jubilación y supervivencia. La percepción de prestaciones en especie derivadas del gasto público en sanidad (3.877 euros) y educación (2.343 euros), elevaron la renta disponible extendida media a 33.892 euros.


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