Vivek Murthy y Chido Mpemba, directores de la Comisión de Conexión Social de la OMS.
España se encuentra en un término medio en lo que a gestión de la
soledad no deseada se refiere. Pese a las medidas incluidas en los grandes proyectos de
salud mental, a nuestro país todavía le faltaría dar un paso más para alcanzar a aquellos que, desde hace años disponen de
políticas propias específicas en la lucha contra este problema que puede acabar degenerando en un
deterioro mental o el
desarrollo de enfermedades cerebrovasculares.
Hasta once países ya contarían con medidas encaminadas expresamente a abordar el
aislamiento social y la soledad desde 2023, por lo que se trata de un nuevo fénomeno en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A ellos se suman otros siete estados, entre los que figura España, donde existen estrategias gubernamentales con "un enfoque principal" orientado hacia otros temas generales -como la
salud mental o el envejecimiento- pero en las que se haría referencia
"de forma secundaria" a este desafío social.
Problema de salud pública
Se trata, matiza la institución, de una opción para los países y regiones que no poseen los
suficientes recursos de cara a desarrollar este tipo de políticas -por ejemplo aquellos con una renta per cápita baja-media o que atraviesan
periodos de incertidumbre política- a la hora de abordar los
factores comunitarios y sociales que desencadenan este tipo de problemas.
Es por ello que, a través de un informe elaborado por la
Comisión sobre Conexión Social, la OMS anima a los más 'rezagados' a evaluar las políticas que no están dirigidas expresamente este ámbito para determinar si podrían influir en la soledad no deseada indirectamente, lo cual, afirma, requeriría "la colaboración entre sectores como la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y el transporte, durante la elaboración" de dichas hojas de ruta.
Si bien todos los documentos políticos nacionales recopilados en este escrito subrayan la importancia de la soledad como
problema de salud pública, Japón es uno de los pocos países que aborda tanto la soledad como el aislamiento social como cuestiones políticas, vehiculizadas a través de leyes, planes y programas prioritarios de prevención.
Mayor riesgo de demencia y diabetes
El objetivo no es otro que reducir las situaciones de aislamiento y su impacto transversal en la economía y el bienestar de los territorios. Así, son muchos los estudios que conectan la
soledad crónica o aislamiento persistente a peores resultados en salud, incluyendo un aumento de la mortalidad y un mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares, capacidad funcional deficiente, diabetes tipo 2, depresión, deterioro cognitivo o incluso
demencia.
De hecho, según un metaanálisis de 23 estudios longitudinales realizados principalmente en países de renta alta, la soledad o el aislamiento social se asocian a un aumento del 29 por ciento en el riesgo de padecer una
cardiopatía coronaria y del 32 por ciento en el caso del
ictus. Las investigaciones también señalan a factores de riesgo de la hipertención como efectos dervados del aislamiento, el cual, pordría estar, de igual modo, relacionado "con aspectos más amplios de la salud física al
reducir la protección contra enfermedades e infecciones.
Coste económico del aislamiento
La literatura más reciente describe también vínculos entre la desconexión social y un mayor uso de la asistencia sanitaria, con
mayor número de visitas a los servicios de Atención Primaria y de Urgencias e ingresos hospitalarios. Una carga asistencial que se traduce en un coste económico ligado a la soledad de hasta 14.000 millones de euros en el caso de España, lo que equivaldría al 1,17 por ciento del Producto Interior Bruto, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021.
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