Los trabajadores del Estado no se verán influidos por la propuesta de reforma laboral que ha anunciado el presidente

El modelo de tres contratos de Sánchez deja fuera a la sanidad pública
Pedro Sánchez y Antonio Cabrera.


13 nov. 2018 12:00H
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POR I. P. NOVA
La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer tres únicos tipos de contratos (definido, temporal y formación) no afectará a los trabajadores de la sanidad pública. Así lo ha confirmado a Redacción Médica el secretario general de FSS-CCOO, Antonio Cabrera, quien ha descartado que la simplificación del número de contratos sea extrapolable al mundo sanitario público.

El representante sindical apuesta por que las sustanciales modificaciones que ha anunciado el presidente socialista sobre la reforma laboral del expresidente Mariano Rajoy estarán enmarcadas en el mundo laboral y “en principio” no deben tener repercusión sobre funcionarios y estatutarios. Y es que, si esta simplificación llegara al sistema público, se eliminarían figuras laborales como la de los interinos.

“Nosotros nos regimos por el Estatuto Marco y Estatuto Básico del empleado público por lo que no estaríamos enmarcados dentro de este proyecto”, ha apuntado el delegado sindical.

Además, este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Aunque han confirmado el interés del Ejecutivo por llevar a cabo dicha reforma, no ha podido estipular aspectos concretos ya que “es un proyecto sobre el que se está empezando a trabajar”.


Jubilaciones forzosas y registro de horarios obligatorios


El anuncio de Pedro Sánchez se dio a conocer el lunes y explicó que el Ejecutivo quiere "aprobar una serie de medidas para la mejora del mercado laboral, especialmente para atajar la precariedad y dualidad actual".

Además de simplificar el número de contratos, Sánchez ha asegurado que va a reducir “sustancialmente” el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, “dejando sólo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados”.

El Gobierno socialista se ha puesto como objetivo también recuperar las jubilaciones forzosas por edad y “establecer el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos y facilitar la resolución de discrepancias".
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