Derechos Sociales, sindicatos y patronal se emplazan a analizar el impacto del aumento presupuestario a 970 millones

Derechos Sociales analiza la posible subida salarial en el sector de la dependencia
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.


El sector de la dependencia sigue esperando que los sindicatos y las patronales sellen el IX Convenio Marco Estatal del sector tras dos intentos fallidos de llegar a un acuerdo. CGT se ha manifestado este lunes a las puertas del Ministerio de Derechos Sociales reclamando condiciones que acaben con la precariedad laboral aprovechando que el titular del departamento, Pablo Bustinduy, se reunía con los agentes sociales para anunciarles el aumento del presupuesto para la dependencia hasta los 970 millones de euros. El ministerio cede la patata caliente de una posible subida salarial a las comunidades autónomas, aunque, en todo caso, ha acordado con sindicatos y patronales analizar en futuras reuniones el impacto directo que, en este sentido, tendrá el incremento de la financiación una vez quede aprobado y entre en vigor.

Derechos Sociales ha anunciado en un comunicado la nueva cifra presupuestaria para financiar el sistema de dependencia poco antes del encuentro que ha acogido la sede ministerial. Los 970 millones de euros se transferirán a las comunidades autónomas (competentes en la materia) después de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto correspondiente. Antes de ello, la norma habrá de recibir esta semana el visto bueno de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

El ministerio saca pecho por la “transferencia récord” para dotar de financiación a la dependencia tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra una vez calculado el cupo vasco y la aportación navarra correspondiente. Según Bustinduy, los 970 millones de euros son “una palanca” para la transformación del sistema de cuidados en España. “Es una cantidad que está en su máximo histórico por segundo año consecutivo, que triplica los niveles que tenía en el año 2021”, ha dicho el ministro, que también ha destacado que la partida no se recuperó precisamente hasta 2021, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy la suprimiera en 2012.

Pese al incremento presupuestario, fuentes ministeriales insisten en que el Gobierno no tiene la capacidad de abordar de forma directa la subida salarial que demandan las profesionales de la dependencia. “Las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas”, remarcan desde el Paseo del Prado. Derechos Sociales ha accedido a analizar en el futuro qué impacto podría tener la nueva financiación en la mejora de las condiciones laborales del sector. Más allá de eso, el encuentro de este lunes ha servido, básicamente, para trasladar a los agentes sociales los detalles del nuevo Real Decreto y el estado de la tramitación de las leyes de discapacidad y dependencia que hay en marcha.

El Gobierno destaca su inversión en dependencia


En su comunicado, Derechos Sociales explica que el aumento de la inversión estatal del sistema de dependencia ha ido de la mano del “crecimiento exponencial” de la financiación por parte del Gobierno de España a través del conocido como nivel mínimo. “Un nivel que hace dos semanas experimentó una ampliación sin precedentes cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido”, destaca el ministerio.

Esa ampliación, insiste Derechos Sociales, ha conllevado una “refundación” del sistema de dependencia y permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. “Una inversión récord que, además, es estructural y queda fijada y blindada para los siguientes años, y que, solo en lo referente al nivel mínimo, implicará que los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán, de media, un 98,7 por ciento sus fondos para la dependencia”, añade.

A nivel general, incluyendo estas subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo, la inversión del Gobierno en dependencia alcanzará un total de 7.239,4 millones de euros en dependencia, una cifra que, según Derechos Sociales, permitirá al ejecutivo central culminar su compromiso política de asumir el 50 por ciento de la financiación global del sistema, junto a la aportación de cada comunidad autónoma.

El ministerio concluye indicando que estos casi 7.240 millones de euros suponen, además, que la inversión del Estado vaya a ser en 2027 el doble que la que hubo en 2025 y cinco veces más que hace una década, “cuando el ejecutivo que gobernaba entonces en España recortó su aportación al sistema de dependencia en más de 5.400 millones de euros”.
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