Lourdes Rivera, presidenta de Aeste; Ignacio Vivas, presidente ejecutivo del consejo de Ballesol; y Conchita García, directora general de Valdeluz Mayores.
La mayor
inyección económica hasta la fecha. Así fue como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la puesta en marcha del Real Decreto-ley dirigido a la
financiación de la dependencia en la que se aportarán a lo largo de este 2026 un
monto total de 2.218 millones de euros. A esta cuantía se le sumará otro impulso financiero en 2027, de tal forma que el Ministerio de Derechos Sociales superará los 7.239 millones de euros. Este es el renovado escenario que el
sector sociosanitario tiene ante sí, y es que las entidades comienzan a valorar un movimiento de Moncloa en un momento en el que el modelo de la dependencia afronta, según han confiado, la
necesidad de un cambio de modelo para evitar una presión ‘extra’ en las listas de espera de la sanidad.
Las empresas empiezan a analizar el
movimiento del Gobierno.
Redacción Médica se ha puesto en contacto con algunas de las
principales entidades que conforman el sector en el ámbito de las residencias y todas ellas parecen coincidir en la misma idea: la inyección económica es positiva, si bien
aún no puede considerarse “suficiente”.
“El sector de los cuidados arrastra
problemas estructurales importantes:
listas de espera,
dificultad para cubrir perfiles profesionales, aumento de la complejidad clínica de las personas atendidas, sobrecarga de las familias y una
financiación que durante años no ha crecido al mismo ritmo que las necesidades reales”, explica Conchita García,
directora general de Valdeluz Mayores.
La dependencia afronta una financiación de 2.000 millones
Esa es la situación que dibuja la representante que, además, centra su discurso en una
radiografía de la dependencia en el país. “El sector privado sostiene una parte muy importante de la atención sociosanitaria en España”, comienza. Y así es como detalla que “cualquier refuerzo del sistema debe contar con todos los operadores que prestan cuidados reales: públicos, concertados y privados”.
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"El sector privado sostiene una parte muy importante de la atención sociosanitaria en España"
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“Si la financiación no llega de forma ágil y suficiente a los servicios que atienden a las personas,
el impacto será limitado y debe acompañarse de medidas estables, no solo coyunturales”, sentencia al respecto.
Sus palabras van en línea con las de Ignacio Vivas, presidente ejecutivo del consejo de Ballesol. En su caso, el portavoz atiende la llamada de
Redacción Médica haciendo hincapié en que
esta inyección de más de 2.000 millones de euros es, a priori, “positiva”. Sin embargo, recuerda que “las comunidades autónomas ya llevan tiempo quejándose de que están aportando más del 50% de lo que, en principio, la
ley de dependencia estipulaba que d
ebía aportar la administración central”.
“Estamos ante un sector que, por muchas razones, está infrafinanciado. Evoluciona de manera lenta y no está tan en primera plana como la sanidad o la educación; de los mayores a veces no se habla tanto ni están en la calle”, detalla.
Sus palabras se centran en el que es también uno de los principales focos de discusión en la sanidad: la demora asistencial. “
Hay listas de espera importantes en casi todas las comunidades autónomas -de más de 200.000 personas esperando recibir ayuda- y las necesidades van a ser mayores”, refiere.
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"Lo que financiamos hoy probablemente debió haberse financiado hace 5 años"
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Así, Vivas hace referencia al envejecimiento de la población, que es otro de los focos ligados a la asistencia sanitaria en los últimos tiempos. “
Los avances de la medicina hacen que vivamos muchos años, pero la dependencia va a ser cada vez mayor. Por ejemplo, en 10 años habrá un millón de personas más mayores de 80 años en España”, cuenta. En este sentido, señala que “sin embargo, a la
financiación de la dependencia siempre le pilla tarde; lo que financiamos hoy probablemente debió haberse financiado hace 5 años”.
Redacción Médica se ha puesto en contacto con otra de las entidades del sector, Domus Vi. No obstante, la empresa ha remitido a la patronal, la
Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que ha mostrado su propia perspectiva a este periódico. “
El verdadero impacto de esta financiación dependerá de cómo las comunidades autónomas decidan aplicarla. Consideramos fundamental que este incremento se traduzca en un aumento neto de los recursos destinados a la dependencia, evitando cualquier efecto de sustitución. El esfuerzo autonómico debe continuar y no verse desplazado por este incremento”, señalan.
“Este compromiso debe entenderse como un paso importante, pero no como un punto de llegada. El reto demográfico y el aumento de las necesidades de cuidados exigirán
mantener e intensificar el esfuerzo inversor más allá de 2027”, menciona Aeste. Así es como recuerda, además, que “España todavía destina a los cuidados de larga duración un porcentaje del PIB inferior a la media europea”.
La longevidad se abre paso en la dependencia
Conchita García e Ignacio Vivas describen la situación del
sector sociosanitario a lo largo de distintas conversaciones con
Redacción Médica. La directora general de Valdeluz Mayores defiende que la dependencia vive “un momento decisivo”.
“Existe una demanda creciente y una necesidad social evidente”, señala haciendo alusión a que “la población envejece, las personas llegan a los recursos con mayor complejidad clínica y funcional, y las familias necesitan más apoyo que nunca”.
Por su parte, Vivas, que también es
uno de los vicepresidentes de la Fundación IDIS, recuerda que en otros países de Europa la sanidad financia parte del sistema de dependencia. “
En Europa la sanidad financia parte del coste porque las
personas en residencias utilizan cada vez más servicios sanitarios. Esto, por un lado, abarata lo que gasta el sistema público de salud en este perfil de personas y, por otro, hace de barrera para que el sistema sanitario no se colapse”, señala.
Es aquí donde el presidente ejecutivo del consejo de Ballesol ahonda en que “si la demografía sigue creciendo así,
dentro de diez o quince años los hospitales van a tener muchas camas ocupadas por personas mayores, lo cual es absolutamente insostenible”. ¿A qué se debe esta situación? A que, en sus palabras, “
el precio de una cama hospitalaria está en unos 800 euros al día, mientras que el precio de una residencia ronda los 100 euros diarios”.
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"En muchos casos la financiación pública no corresponde con el coste real del cuidado"
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Los desafíos son uno de los principales focos del discurso de ambos representantes. Precisamente, García enumera que estos retos son “
falta de profesionales, necesidad de
mejorar condiciones laborales, incremento de costes,
exceso de burocracia, presión normativa,
dificultad para cubrir determinados perfiles y una financiación pública que, en muchos casos, no se corresponde con el coste real del cuidado”.
En este contexto,
la inyección económica de Moncloa apunta a ser “una oportunidad” para el sector. Al menos, así lo dejan caer los portavoces. Si bien, la directora general de Valdeluz Mayores hace hincapié en que todo dependerá de cómo se utilice esta financiación.
“
El futuro del sector dependerá de que seamos capaces de construir un modelo donde lo público y lo privado colaboren de forma leal, donde la financiación siga a la persona, donde se respete la libre elección y donde los cuidados se entiendan como una responsabilidad social compartida”, resume.
Las prestaciones más urgentes
El primer paso ya está dado. La financiación del Gobierno supone, según explicó Pedro Sánchez,
“la mayor inversión en dependencia de la historia democrática”. Con ello, el 2026 ya afronta una inyección de más de 2.000 millones de euros en un momento en el sector
encara una crisis económica, tal y como han dejado entrever los representantes cuestionados por
Redacción Médica.
Es aquí donde llega una cuestión clave: ¿Cuáles son las prestaciones más urgentes? Por un lado, Vivas recuerda que “la residencia es el recurso que se debe dar cuando una persona, por sus circunstancias físicas o psíquicas, ya no puede estar en su hogar”. “Por tanto,
los primeros recursos deben estar destinados a que la gente permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio”, recalca.
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"La dependencia no es solo una prestación económica o una plaza"
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Es aquí donde sentencia cuál es, a su parecer, el principal obstáculo.
“El problema es que hay un punto donde la permanencia en el domicilio empieza a ser más costosa económicamente que una residencia”, desliza. Además, ejemplifica que “si una hora de atención domiciliaria cuesta entre 12 o 13 euros, en cuanto se pasan de 6 o 7 horas de asistencia diaria o necesidades de presencia permanente, se habla de cantidades que superan los 100 euros al día. En ese punto, la residencia ya empieza a costar menos de 100 euros diarios”.
“La dependencia no es solo una prestación económica o una plaza;
es una situación vital compleja que afecta a la persona, a su familia y a todo su entorno”, aporta Conchita García. Más aún, recuerda que “
siguen existiendo personas pendientes de valoración, personas con grado reconocido que esperan su prestación, familias que cuidan sin apenas descanso,
personas mayores que viven solas con apoyos insuficientes y centros que atienden perfiles cada vez más complejos con
recursos que no siempre se ajustan a esa realidad”.
Precisamente, cuestionada sobre estas
prestaciones más urgentes, divide su discurso en tres factores. En primer lugar, hace referencia a que es “prioritario”
reforzar aquellas vinculadas al servicio residencial y de centro de día, “porque muchas familias llegan a estos recursos en situaciones límite, tras una caída, un ingreso hospitalario, una descompensación clínica o una claudicación del cuidador principal”.
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"La situación actual exige entender que la persona dependiente no necesita solo una ayuda económica"
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Asimismo, el segundo de los aspectos que menciona se centra en la
ayuda a domicilio, que desde su punto de vista no debe entenderse únicamente como un “apoyo en tareas básicas”, sino que debe ser un
“servicio profesionalizado, coordinado y suficiente en intensidad horaria”. “Muchas personas permanecen en casa con apoyos claramente insuficientes, y eso termina generando situaciones de riesgo, soledad, sobrecarga familiar e ingresos precipitados”, añade.
“Por supuesto, es urgente
reforzar la coordinación sociosanitaria: la persona dependiente no puede ser atendida de forma fragmentada. Sus necesidades sociales, sanitarias, funcionales, emocionales y familiares forman parte de una misma realidad”, concluye al respecto.
La directora general de Valdeluz Mayores pone el broche final a este aspecto. “La situación actual
exige entender que la persona dependiente no necesita solo una ayuda económica: necesita cuidados profesionales, continuidad asistencial, seguridad, acompañamiento y una respuesta coordinada entre lo social y lo sanitario”, resume.
“Si esta inyección económica se traduce en más recursos para los servicios y se mantiene el esfuerzo inversor en los próximos años, podremos
avanzar hacia un sistema más sólido, sostenible y capaz de responder al crecimiento de la demanda con la calidad que las personas merecen”, concluye Aeste.
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