El secreto de Castilla y León en Dependencia: "Simplificamos trámites"

Castilla y León explica su modelo de atención a la dependencia, el mejor situado según datos del Observatorio de Dependencia. Este permite resolver expedientes en 116 días, por debajo del plazo legal de 180, gracias a la simplificación administrativa, la coordinación con ayuntamientos y diputaciones a través de los Centros de Acción Social (CEAS) y la automatización de procesos. Eduardo García Brea, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, atribuye los buenos indicadores de la comunidad a una gestión ágil, a la personalización de los cuidados y a la compatibilidad entre prestaciones, aunque advierte de que la falta de financiación estatal comprometida dificulta mantener esta evolución.

¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que, pese a situarse como la comunidad con menor tiempo medio de tramitación (116 días), el sistema siga formando parte de un contexto nacional con altos niveles de lista de espera?

En España, la competencia en materia de Servicios Sociales corresponde a cada Comunidad Autónoma. De esta forma, cada una de las 17 CCAA tiene un desarrollo diferente de los servicios sociales y específicamente, de la atención a la dependencia.

En la práctica supone que, aunque todas las CCAA partimos de una misma norma de atención a la dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre), existan importantes diferencias en la medida en la que las mismas prestaciones y servicios se gestionan de forma y según modelos de atención diferentes, con resultados también diferentes.

En nuestro caso, la prioridad de este gobierno por facilitar lo antes posible las ayudas y atenciones por dependencia a las personas que las necesitan ha impulsado las medidas necesarias para construir el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León, cuyos resultados demuestran la eficiencia de nuestra gestión y la eficacia de nuestro modelo, con altos niveles de cobertura. 

¿Qué factores han permitido a Castilla y León cumplir con el plazo legal de 180 días y situarse como la comunidad más ágil en la resolución de expedientes?

La normativa nacional sobre dependencia establece el plazo de 180 días para resolver y reconocer las prestaciones y servicios que le correspondan a la persona. En Castilla y León resolvemos en 116 días desde que presentan la solicitud, reconocemos su derecho a las prestaciones y servicios con carácter retroactivo a partir de los 2 meses desde la presentación de la solicitud e incluso desde el mismo día de la solicitud en el caso de modificaciones de prestación. Por este motivo, en Castilla y León las personas dependientes reciben antes las ayudas que les corresponden.

Son muchos los factores que, en su conjunto, permiten una gestión ágil y eficaz. Entre ellos, la implementación por parte de la Junta de Castilla y León de un sistema de gestión por procesos, en el que la coordinación entre los profesionales que intervienen, tanto de Ayuntamientos y Diputaciones mediante los 190 Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por todo el territorio de la Comunidad, como de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, garantiza una gestión ágil.

Otro factor es la implantación en Castilla y León de una única Solicitud para todo el procedimiento, de la que cada profesional que interviene en la tramitación puede obtener la información que necesita. De este modo, simplificamos los trámites y evitamos que las personas deban presentar documentos en diferentes “ventanillas”. Por último, a través de medidas de innovación tecnológica hemos automatizado fases del proceso que no requieren la intervención directa de profesionales.

¿Cómo valora el Gobierno autonómico que Castilla y León presente uno de los porcentajes más bajos de desatención (4,1%), muy por debajo de la media nacional (11,5%)?

Para nosotros la atención a las personas más vulnerables es una prioridad. En ese sentido, atender lo antes posible a todas las personas dependientes que lo necesiten es un objetivo estratégico. En la detección de las personas que requieren atención es muy importante nuestra cooperación con las entidades locales.  Desde la Junta de Castilla y León se subvenciona con cerca de 800 millones de euros para la prestación de los servicios sociales a los 25 ayuntamientos y diputaciones competentes, para los años 2024 al 2027, donde se incluye financiación del personal de los CEAS.

A pesar de las dificultades que implica la gestión de las atenciones en una comunidad como Castilla y León, con tanta extensión en términos de superficie y con una población dispersa en sus 2248 municipios, de los que el 90% no llega a los 1000 habitantes, nuestra presencia en todo el territorio a través de los profesionales de los CEAS asegura el acceso fácil e igualitario al sistema a todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan.

¿Qué medidas han sido clave para mantener uno de los niveles más bajos de “limbo de la dependencia” (2,7%) en comparación con otras comunidades?

El limbo de la dependencia hace referencia a ese periodo de espera en el que se encuentran las personas que, tras obtener el reconocimiento oficial como dependiente, no reciben todavía las prestaciones y servicios que requieren. La agilidad en la gestión de la que hemos hablado antes es clave en este aspecto. Una agilidad que en Castilla y León afecta al reconocimiento de la dependencia, pero también a la recepción de las prestaciones por parte de las personas. 

La simplificación de los trámites y la gestión ágil de los procesos bajo el liderazgo de la Consejería de Familia e IO hace que los plazos de espera sean los mínimos y que el número de personas en esta situación sea tan bajo en nuestra comunidad.

¿A qué atribuye la Junta la reducción del 17,4% en la lista de espera y cómo prevé consolidar esta tendencia en los próximos meses?

Una de las características del modelo de atención a las personas dependientes de la Junta de Castilla y León es la personalización de los cuidados, dependiendo de sus decisiones y preferencias la elección de los servicios y prestaciones que recibe. Nuestro sistema incluye una amplia compatibilidad entre las prestaciones, permitiendo mayores posibilidades de elección entre las diversas combinaciones que se adapten a la situación de cada persona, aumentando así la rapidez de acceso a ayudas del sistema. Además, la Junta de Castilla y León es pionera en la implantación de atenciones integrales en el propio domicilio de las personas dependientes. Una atención que activamos en plazos mínimos.

Esta posibilidad de elegir por parte de los dependientes sobre la combinación de los cuidados que necesita y el lugar donde los quiere recibir, junto a una gestión ágil de los recursos, nos permite mantener plazos de espera mínimos o inexistentes según el servicio del que se trate. Debemos recordar también que Castilla y León tiene la mayor ratio de plazas residenciales para mayores de 65 años de España, y que el 80% de estas plazas cuentan con financiación pública.

Por último, la falta de cumplimiento de los compromisos del Gobierno de la Nación con los dependientes de Castilla y León tiene un efecto muy negativo para el mantenimiento de esta tendencia. La norma estatal dice que el estado de la nación debe aportar a las Comunidades Autónomas el 50% del coste de la dependencia y en Castilla y León no se cumple, lo que obliga a la Junta a asumir directamente el sobrecoste por falta de financiación.