"El profesional de servicios sociales debe prescribir recursos sanitarios"

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, analiza en esta entrevista la situación actual del sistema de dependencia en España tras los últimos datos del Observatorio. El aumento de las listas de espera, los retrasos en la tramitación, la falta de financiación y las desigualdades territoriales dibujan, a su juicio, un escenario “muy preocupante” que exige medidas urgentes. Ramírez advierte además del riesgo de consolidar un modelo de atención “low cost” y reclama un pacto de Estado que garantice la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población.

El Observatorio cifra en 271.556 las personas en lista de espera y señala que han aumentado en más de 13.000 en solo tres meses. ¿Estamos ante un cambio de tendencia preocupante en el sistema de dependencia?

Tenemos en este momento una situación dramática: hay 270.000 personas que tienen derecho, o pueden tener derecho, a recibir una prestación o servicio, y el laberinto burocrático, la falta de financiación y, sobre todo, la desigualdad territorial, hacen que esas personas no tengan esas prestaciones o servicios para garantizar una mejor calidad de vida y mayor dignidad en la atención.

Creemos que, desde hace dos o tres años, al no haberse aprobado nuevos presupuestos, no ha habido una nueva financiación para eliminar esa lista de espera. Al mismo tiempo, han crecido las solicitudes y el número de personas con derecho, por lo que tenemos una situación muy preocupante de ralentización del sistema.

El cambio de tendencia no sería ir a peor, eso es incuestionable. No podemos pensar que no se mantenga la tasa de reposición en las atenciones a la dependencia. Pero, en cualquier caso, tenemos que pensar que, si no hay inyección económica, en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones.

Al no tener ese presupuesto nuevo, por la falta de Presupuestos Generales del Estado, el trasatlántico del sistema de atención a la dependencia se está paralizando y está dejando a más gente en ese limbo de la dependencia que probablemente fallezca sin recibir una prestación o servicio al que tiene derecho.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora mismo hay casi 9.000 personas que han fallecido en el primer trimestre de 2026 esperando atención, lo que supone unas 100 al día. ¿Qué responsabilidad tienen las administraciones en esta situación y qué medidas urgentes propone para evitarlo?

La primera medida urgente es cumplir la ley. Esto es una ley, y determinadas comunidades autónomas no pueden no cumplirla. A día de hoy, solo hay cinco comunidades autónomas que cumplen el plazo que establece la ley, que son 180 días para la atención a las personas en situación de dependencia.

En este momento, aquellos gobernantes que no cumplen la ley de los 180 días son gobernantes insumisos y tendrían que tener una penalización por abandonar a las personas en situación de dependencia sin darles una prestación a la que tienen derecho.

Es intolerable que en España cada 15 minutos fallezca una persona en las listas de espera de la dependencia. Por tanto, la primera medida es cumplir la ley. Y para eso tienen que darse tres cosas: una mayor financiación, la simplificación de procedimientos —no podemos tener un laberinto burocrático— y, además, incrementar las prestaciones y servicios que atiendan a las personas más vulnerables.

Mientras no se aumente la financiación y no se simplifiquen los procedimientos, seguiremos teniendo problemas. En relación con sanidad, existe una asimetría: el sistema sanitario funciona con prescripción facultativa y el sistema de servicios sociales y dependencia funciona con procedimiento administrativo.

Ya que no tenemos la capacidad de la prescripción facultativa, al menos simplifiquemos el procedimiento administrativo al máximo. Por ejemplo, unificando la valoración y el PIA. Cuando una persona va al médico, no se le diagnostica y se le dice que vuelva meses después para ver qué tratamiento se le da; en el mismo acto se hace el diagnóstico y se aplica la prescripción.

En dependencia no es así: primero se hace una valoración y meses después se da la prestación. Esa es una diferencia fundamental que deberíamos corregir, siguiendo el ejemplo sanitario.

"No mantener la tasa de reposición, teniendo 270.000 personas en lista de espera, sería una catástrofe".

El tiempo medio de tramitación alcanza los 329 días, muy por encima de los 180 días que marca la ley. ¿Qué está fallando en la gestión administrativa y cómo se podría corregir?

Fundamentalmente, hay comunidades que cumplen y otras que no. Tenemos tres claves que son fundamentales para cumplir la ley, además de la voluntad de hacerlo, porque hay comunidades autónomas que no tienen esa voluntad o intentan maquillar las estadísticas para aparentar que cumplen, cuando no es así. Incluso el propio ministerio, en ocasiones, lanza titulares triunfalistas sobre cifras récord de atención, cuando en realidad no se está cumpliendo la ley.

No mantener la tasa de reposición, teniendo 270.000 personas en lista de espera, sería una catástrofe. Es cierto que hay que incrementar el número de personas atendidas, como se ha hecho desde 2015, cuando entraron los grados I en la ley, salvo situaciones excepcionales como la pandemia del Covid.

Desde mi punto de vista, las tres claves fundamentales para mejorar la gestión son claras. La primera es la simplificación del procedimiento: hay que unificar en un solo acto administrativo la valoración y el PIA, es decir, la valoración y la prescripción. En muchas comunidades autónomas son dos resoluciones distintas: una para determinar el grado de dependencia y otra, posterior, para asignar la prestación o el servicio. Esto debería hacerse en un único acto, como ocurre en el sistema sanitario.

En segundo lugar, es clave incorporar a los servicios sociales locales —ayuntamientos, diputaciones, cabildos— en el procedimiento. Los servicios sociales de proximidad conocen mejor que nadie a las personas en situación de dependencia, y su participación agiliza los trámites.

Y, en tercer lugar, es imprescindible aumentar la financiación. Si unificamos el procedimiento, contamos con los servicios sociales locales y aportamos más recursos económicos, probablemente se resolvería gran parte del problema.

Ramírez explica que España dispone de un sistema de dependencia fragmentado territorialmente por la "desidia" de algunos gobernantes autonómicos.

El informe señala importantes desigualdades entre comunidades autónomas, tanto en tiempos de espera como en cobertura. ¿Está España ante un sistema de dependencia fragmentado territorialmente?

Absolutamente. Existe una fragmentación clara por la desidia e impericia de algunos gobernantes autonómicos a lo largo de estos 20 años. Cada comunidad ha tenido su propia evolución.

Hay comunidades como Canarias o Murcia donde esa falta de desarrollo del sistema ha sido evidente durante años, con gobernantes que no han priorizado la atención a la dependencia. En otros casos, ha habido etapas con mala gestión que posteriormente se han corregido gracias al compromiso de nuevos responsables.

Desde el Observatorio de la Dependencia llevamos evaluando el sistema desde 2008, con indicadores y datos oficiales, y eso nos permite ver cómo la evolución depende en gran medida de la voluntad política.

Hoy, comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León, además gobernadas por partidos distintos, son las que mejor han desarrollado el sistema en 2025. En cambio, otras como Extremadura, Murcia o el propio territorio gestionado por el Imserso presentan los peores resultados, lo cual es especialmente llamativo en el caso de Ceuta y Melilla, cuya gestión depende directamente del Ministerio de Derechos Sociales.

Es vergonzoso que estos territorios no hayan desarrollado adecuadamente el sistema. Esta desigualdad territorial debe corregirse, porque España debe garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como establece la Constitución, para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos, como es el caso de la dependencia.

También hay que tener en cuenta el tamaño de las comunidades. Las más grandes —como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana— concentran más población dependiente y mayor volumen de gestión. Por ejemplo, Andalucía tiene casi 50.000 personas en lista de espera, pero también gestiona un sistema mucho mayor que el de otras comunidades como Galicia.

Por eso, el análisis no debe centrarse solo en la lista de espera, sino también en el volumen total del sistema. Aun así, la situación es especialmente preocupante en Cataluña, Murcia y Canarias, que deben abordar este problema con planes específicos y urgentes.

El presidente de los directivos del sector analiza la situación de la dependencia en el país y sus posibles mejoras.

La falta de coordinación entre sanidad y servicios sociales sigue siendo una asignatura pendiente en España. ¿Cómo está impactando esta desconexión en la atención a personas dependientes y qué cambios estructurales serían necesarios para avanzar hacia una verdadera integración sociosanitaria?

Aquí el problema de la coordinación —que prefiero llamar coordinación entre servicios sociales y sanitarios, más que “sociosanitaria”— se debe fundamentalmente a tres cuestiones.

La primera es la asimetría entre ambos sistemas. El sistema sanitario funciona con prescripción facultativa, mientras que el sistema de servicios sociales funciona mediante procedimientos administrativos. Esto genera problemas importantes. Por ejemplo, cuando un médico da el alta hospitalaria a una persona que ya no necesita atención sanitaria, pero sí un recurso social, como una plaza residencial.

El problema es que, una vez que se produce el alta, el acceso a ese recurso social puede tardar años. En algunas comunidades, el acceso a una residencia puede demorarse dos, tres o incluso cuatro años. ¿Cómo se resuelve esa transición entre el alta sanitaria y la atención social? Ahí está uno de los grandes fallos del sistema.

La coordinación entre ambos ámbitos ha sido muy compleja en España. El sistema sanitario debe entender que los servicios sociales no son sanitarios, sino espacios de convivencia y apoyo. Por eso, es necesario desarrollar experiencias como las que ya existen en algunas comunidades —Castilla y León, Andalucía o Cataluña— con centros de cuidados intermedios.

La cuestión clave es quién financia estos centros. Una posible solución sería repartir los costes: los servicios sociales asumirían los gastos de manutención —comida, limpieza, suministros— y el sistema sanitario los costes de atención clínica —médicos, fisioterapia, rehabilitación—.

Esto permitiría liberar camas hospitalarias y garantizar una atención adecuada en un entorno más apropiado. También existen experiencias de hospitalización a domicilio que van en esta línea y que permiten atender a personas dependientes sin necesidad de ingreso hospitalario.

Otro elemento clave es la prescripción. El sistema sanitario quiere prescribir recursos de servicios sociales, es decir, que un médico pueda indicar que una persona necesita un determinado recurso social. Yo estoy de acuerdo con ello, siempre que exista reciprocidad: que los profesionales de servicios sociales también puedan prescribir recursos del sistema sanitario.

"El sistema sanitario también debe entender que los servicios sociales no son sanitarios, sino espacios de convivencia".

La falta de coordinación entre sanidad y servicios sociales sigue siendo una asignatura pendiente en España. ¿Cómo está impactando esta desconexión en la atención a personas dependientes y qué cambios estructurales serían necesarios para avanzar hacia una verdadera integración sociosanitaria?

Bueno, el problema de la coordinación entre servicios sociales y sanitarios —prefiero llamarlo así, más que “sociosanitaria”— viene fundamentalmente por tres cuestiones. La primera es la asimetría entre ambos sistemas. El sistema sanitario funciona con prescripción facultativa, mientras que el sistema de servicios sociales funciona con un procedimiento administrativo. Esto genera disfunciones muy importantes.

Por ejemplo, cuando un médico internista quiere dar el alta a una persona porque ya no necesita atención hospitalaria —teniendo en cuenta que una cama hospitalaria cuesta entre 600 y 700 euros al día—, intenta derivarla a un recurso de servicios sociales. Pero el problema es que, mientras el alta sanitaria es inmediata, el acceso a una residencia o a otro recurso social puede tardar años. En algunas comunidades autónomas puede demorarse dos años, e incluso tres o cuatro si se trata de una plaza residencial.

¿Cómo hacemos compatible esa decisión clínica con un procedimiento administrativo que puede tardar tanto tiempo? Esa es una de las grandes dificultades.

El sistema sanitario también debe entender que los servicios sociales no son sanitarios, sino espacios de convivencia. Por eso, es necesario avanzar en experiencias que ya se están desarrollando en comunidades como Castilla y León, Andalucía o Cataluña, con centros o unidades de cuidados intermedios.

Aquí surge otra cuestión clave: la financiación. Habría que establecer un reparto claro de responsabilidades. Por ejemplo, los costes de alojamiento —comida, limpieza, suministros— podrían asumirlos los servicios sociales, mientras que la atención sanitaria —médicos, fisioterapia, rehabilitación— debería financiarla el sistema sanitario. Este tipo de centros permitiría liberar camas hospitalarias y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes en un entorno más apropiado. También existen experiencias de hospitalización a domicilio que van en esta línea y que podrían potenciarse.

Por último, está el debate de la prescripción. El sistema sanitario pretende prescribir recursos de servicios sociales, algo que puede ser razonable, pero siempre que exista reciprocidad: es decir, que los profesionales de servicios sociales también puedan prescribir recursos del sistema sanitario.

Ramírez incide en que "hay evaluar el impacto de género de la Ley de Dependencia".

El parón en la financiación tras el Plan de Choque parece estar detrás de parte del deterioro. ¿Es imprescindible un nuevo impulso económico estatal o el problema es más de gestión que de recursos?

Primero se necesitan recursos. Es decir, teniendo 270.000 personas en lista de espera y un sistema que ya es “low cost”, es evidente que hace falta más financiación. Es verdad que hemos perdido dos o tres años sin Presupuestos Generales del Estado, lo que ha impedido consolidar incrementos como los 600 millones de euros anuales vinculados al Plan de Choque.

Nosotros vamos a proponer, aprovechando el 20 aniversario de la Ley de Dependencia, un pacto de Estado por la dependencia. Es una propuesta que plantearemos a los grupos parlamentarios y que incluiría cinco elementos clave: financiación, transparencia, eliminación de la lista de espera, y compatibilidad entre prestaciones y servicios, entre otros aspectos.

El objetivo sería que, en la primera norma con dotación presupuestaria que se apruebe —ya sean los próximos Presupuestos Generales del Estado, cuando lleguen—, se incorporen al menos 1.000 millones de euros adicionales al sistema de atención a la dependencia.

Además, igual que se aprueban decretos para responder a situaciones de urgencia social en otros ámbitos, entendemos que la dependencia también requiere una respuesta urgente. No hay que olvidar que cada 15 minutos fallece una persona en lista de espera.

El sistema sigue apoyándose en prestaciones económicas familiares y teleasistencia frente a servicios más intensivos. ¿Se está trasladando la carga de los cuidados a las familias?

Absolutamente. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, y empiezo por ella porque soy feminista, es la necesidad de evaluar el impacto de género de la Ley de Dependencia. El 89% de las personas cuidadoras son mujeres, y no podemos condenarlas a asumir en exclusiva el cuidado de las personas vulnerables. Tiene que ser una decisión libre y personal.

Siempre digo que las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales. Cuando apoyamos a las familias, estamos garantizando la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir qué quieren hacer. Por tanto, ese informe de impacto de género, que no se ha realizado en los 20 años de la ley, debería llevarse a cabo.

La segunda cuestión es la financiación. Con aproximadamente la mitad del presupuesto de la dependencia —unos 13.500 millones de euros, el 0,8% del PIB— se destinan recursos a residencias, que atienden al 18% de las personas. Sin embargo, solo el 20% del presupuesto se destina a prestaciones económicas familiares, que cubren casi al 50% de los beneficiarios.

Esto significa que a las comunidades autónomas les resulta más rentable conceder prestaciones económicas que ofrecer servicios, como ayuda a domicilio, centros de día o residencias. Pero esto tiene un impacto negativo en el empleo, ya que por cada millón de euros invertido en servicios se generan unos 40 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables. Además, un 42% de esa inversión retorna en forma de impuestos.

Las prestaciones económicas no generan ese empleo ni ese retorno. Por eso, debemos avanzar hacia un sistema de compatibilidad entre servicios profesionales y cuidados familiares, de forma que una persona pueda recibir ayuda a domicilio, acudir a un centro de día y, al mismo tiempo, contar con el apoyo de su familia.

"Aprovechando el 20 aniversario de la Ley de Dependencia, vamos a proponer un pacto de Estado por la dependencia".

Existe también un discurso, en parte perverso, sobre la desinstitucionalización, con el que en principio todos estamos de acuerdo. El 94% de las personas mayores quiere envejecer en su hogar, y solo un 6% prefiere una residencia.
Pero con los servicios actuales no podemos garantizar esos cuidados en casa. No es suficiente con una hora diaria de ayuda a domicilio ni con prestaciones de 160 euros para cuidadores no profesionales.

Además, hay ya 50.000 personas en España con una plaza residencial reconocida que siguen en su domicilio esperando. La mayoría fallecerá sin acceder a ella. Por tanto, ese discurso de la desinstitucionalización no se corresponde con la realidad mientras no se refuercen los servicios de proximidad. Es necesario aumentar la intensidad de la atención domiciliaria.

En mi caso, en los últimos años de mi vida profesional, estoy trabajando en domótica y robótica aplicada a los cuidados. Estoy convencido de que estas tecnologías, combinadas con la intervención social, permitirán que más personas puedan permanecer en sus hogares.

Pero, hoy por hoy, tenemos 50.000 personas que necesitan una residencia. Debemos dar respuestas realistas, porque muchas personas salen de la lista de espera no porque sean atendidas, sino porque fallecen.

Con una población cada vez más envejecida, ¿está el sistema preparado para el aumento de la demanda en los próximos años o estamos ante un problema estructural que irá a peor?

Tenemos un grave problema en España porque este asunto no ha sido considerado una cuestión de Estado.
La atención a la dependencia tiene que estar en la agenda pública, al mismo nivel que la sanidad o la educación. Y estar en la agenda pública significa estar en la agenda política. Para que eso ocurra, también debe estar presente en la agenda de los medios de comunicación.

Por eso hablamos de la “marea naranja”, al igual que existe la “marea blanca” en defensa de la sanidad. Es necesario visibilizar la importancia de los servicios sociales.

Tenemos que ser capaces de hacer entender a los gobernantes que todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser personas en situación de dependencia o vamos a convivir con alguien que lo sea.
Por tanto, a todos nos interesa contar con un sistema público de protección social que garantice la dignidad y los cuidados de estas personas tan vulnerables.

Y ahí deben implicarse todas las administraciones: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para asegurar que siempre exista una respuesta adecuada.

José Manuel Ramírez repasa el modelo de dependencia en las distintas comunidades y ciudades autónomas.