El Gobierno deja para 2018 la jornada semanal de 35 horas en sanidad

El Gobierno ha levantado el veto que tenía sobre la posibilidad de implantar las 35 horas semanales (actualmente está en 37,5 horas) y ha prometido “estudiar” esta medida para diferentes sectores, entre los que se encuentra el sanitario, para el año que viene.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Aunque se desconoce a qué sectores afectará esta iniciativa, ya que el Ejecutivo solo ha adelantado que revisará “dónde se puede aplicar y dónde no”, Bermúdez de Castro ha reiterado que esta modificación en el horario de los funcionarios no tendrá cabida ahora, sino en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En esta línea, el secretario de Estado ha querido dejar claro que el Gobierno no va retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Junta de Andalucía que implantó la jornada de 35 horas, y ha indicado que la modificación se pretende llevar a cabo “a futuro”. De hecho, asegura que la intención del Gobierno es cumplir la ley y que actualmente la jornada laboral es de 37,5 horas.

Abrir ya las negociaciones

En este sentido, CSIF ha lanzado un comunicado reclamando al Gobierno que ponga en marcha desde ya la negociación sobre las 35 horas semanales, con el fin de que las comunidades autónomas puedan incorporarse a esta medida, de cara a los próximos Presupuestos Generales. Por todo ello, el sindicato entiende que esta negociación debe iniciarse este mes de julio, para adelantar los trabajos de cara a la vuelta de vacaciones.

Mientras tanto, CSIF reclama que no solicite la suspensión cautelar de la medida en Andalucía hasta que no se dirima la cuestión por parte del Constitucional. De hecho, entiende que el Gobierno no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales, como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid.

De manera paralela, el sindicato ha abordado esta cuestión con los partidos y grupos parlamentarios. A lo largo de los últimos meses, el presidente del sindicato, Miguel Borra, también ha tratado este asunto en una ronda de contactos con los diferentes presidentes autonómicos, para crear el espacio de interlocución necesario para impulsar esta medida reivindicada por el colectivo de empleados públicos.

El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, que en determinados sectores y ámbitos de la Administración, se encuentran desbordados por el deterioro sufrido por la pérdida de personal durante los años de crisis económica. 

Por tanto, CSIF entiende que esta medida debe incluirse en la negociación abierta con la Administración, en materia de empleo público, así como en materia de recuperación de condiciones laborales (descuentos por incapacidad temporal y recuperación del poder adquisitivo, entre otros temas).