El ministerio insiste en que el registro de afectados estará listo antes de finales de 2017

El Gobierno crea una Oficina de Apoyo a las víctimas de la talidomida
Dolors Monsterrat, ministra de Sanidad, y Marina Álvarez, consejera de Salud de Andalucía.


21 jun. 2017 21:40H
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POR O.R / C.C / J.F
Los afectados por la talidomida tenían grandes esperanzas puestas en este Consejo Interterritorial del que debía salir un acuerdo para poner en marcha el registro de afectados a escala estatal. Además, la reunión entre consejeros y el Ministerio de Sanidad debía ratificar la creación del comité de diagnóstico, paso previo a que las víctimas cobren las indemnizaciones. Como novedad, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ha anunciado la creación de una Oficina de Apoyo en el Instituto Carlos III que sirva como "puerta abierta para que los afectados puedan reclamar a Alemania y a la fundación de la farmacéutica". 
 
La ministra ha reconocido que "España está en deuda con los afectados" y ha señalado que el Consejo 

Dolors Montserrat: "España está en deuda con los afectados por la talidomida"


Interterritorial ha acordado "elaborar un registro de afectados y un grupo de trabajo". Este organismo se encargará de crear a su vez una comisión en la que se integren las comunidades autónomas y un comité diagnóstico con expertos del ministerio y de los afectados.
 
Según las previsiones del departamento que dirige Montserrat, para "finales de 2017" debería estar listo el registro, que se nutrirá de los archivos de las comunidades autónomas y se centralizará en el Instituto Carlos III. Una vez establecido, el Gobierno empezará las negociaciones con la Fundación de la farmacéutica Grünenthal, responsable de la talidomida, para que indemnice a los afectados.
 
Preguntada sobre si el Estado asumirá estas compensaciones si la fundación elude la responsabilidad, la ministra ha respondido que "se valorará". Vuelta a preguntar sobre el tema ha dicho que "lo importante es tener un registro" y que el Real Decreto de 2010 ya "lo valoraba". Esta norma quedó paralizada y nunca se ha llegado a aplicar. Hasta el momento la farmacéutica alemana ha rechazado indemnizar a las víctimas españolas siempre que se le ha requerido. 
 
La consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, ha puesto como ejemplo el registro elaborado por esta comunidad y se ha ofrecido al resto de autonomías para compartir su experiencia. Hasta el momento, Andalucía ha reconocido a 51 afectados por el medicamento de Grünenthal. 
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