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La subasta de fármacos andaluza, al próximo pleno del Constitucional

Fuentes judiciales confirman que esta cuestión se abordará en el próximo pleno del Tribunal

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.
La subasta de fármacos andaluza, al próximo pleno del Constitucional
J. Roibás / E. Ortega
Martes, 13 de diciembre de 2016, a las 17:20
La discusión judicial que rodea a las subastas de medicamentos de Andalucía después de su puesta en marcha, hace más de cinco años, vislumbra su final.  El Tribunal Constitucional ha incluido en su orden del día el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad en 2012, bajo la consideración de que hay una invasión de competencias por parte de la comunidad.
 
Según han confirmado fuentes judiciales a Redacción Médica, el hecho de que el asunto esté incluido en el pleno del Constitucional –que se desarrollará entre esta semana y la que viene- no quiere decir que se vaya a resolver en el mismo, dado que, en función del volumen de trabajo y de lo que este demore, puede ocurrir que se empiece a tratar el asunto y no se adopte una resolución en firme antes de Navidades.
 
Tras conocer esta información, fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado: “Acataremos el dictamen del Constitucional”, sea cual sea. Con todo, desde el departamento se indica que no se harán valoraciones hasta que se conozca su contenido.
 
Estos concursos de medicamentos regionales van ya por su décima edición, y todo ello a pesar de que tienen en contra a la gran mayoría del sector farmacéutico. Los farmacéuticos de la región critican que los productos que ganan las subastas suelen provocar desabastecimientos y tanto Aeseg como Farmaindustria advierten de que van en contra de las reglas de la competencia y compartimentan uno de los principales mercados de España, el andaluz.
 
Por el contrario, la Junta de Andalucía siempre ha reiterado que la medida permite una mayor eficiencia de su gasto farmacéutico autonómico y ahorros en esta partida. De hecho, la subasta de medicamentos está reflejada en el borrador de la ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía, aunque ahora su futuro depende de lo que dicte el Tribunal Constitucional.