El Estado asumirá el coste extra de la sanidad universal, si lo hubiese

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó ayer que universalizar la sanidad no implicará costes adicionales para las comunidades y que el Gobierno está comprometido a respetar la lealtad institucional, por lo que se compensará en el caso de que sí suponga un gasto extra.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y preguntada por esta cuestión, la ministra ha señalado que, por esa lealtad, cuando el Estado "acomete fórmulas políticas" que implican mayores costes o menores ingresos para las autonomías, "tiene que compensarlas", lo que no ha hecho el Ejecutivo anterior.

Ha añadido que han dado "la seguridad" a las comunidades de que si se impulsan medidas que supongan un mayor coste, "el Gobierno tendrá que poner en marcha ese principio". A este respecto, la ministra ha augurado que, con universalizar la atención sanitaria, no aumentará mucho el gasto porque la mayoría de los inmigrantes "suelen ser" personas sanas, jóvenes y "con dificultades para acudir a los centros sanitarios porque no tienen costumbre" de ello.

Déficit de un 0,1% del PIB y nuevo hospital en Melilla

Además, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado los nuevos objetivos de estabilidad para los próximos tres años (2019-2021), que conceden un margen adicional de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas en 2019, al pasar de un déficit del 0,3% del PIB al 0,1%. Tanto el techo de gasto como los objetivos de déficit y deuda pública se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros.

A este respecto, el Gobierno prevé que la totalidad del déficit público pactado con Bruselas para 2021, un 0,4 % del PIB, se reserve para la Seguridad Social, mientras que la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán equilibrio presupuestario.

Por último, el Gobierno aprobará también la reanudación del proyecto para que Melilla disponga de un nuevo hospital, un plan que el Ejecutivo recuerda que está paralizado desde hace cinco años.

Grupo de trabajo para impulsar la financiación autonómica

Durante la reunión también se ha acordado además crear un grupo de trabajo de carácter político para impulsar la reforma de la financiación autonómica toda vez que los estudios técnicos se finalicen. Las comunidades autónomas tendrán que proponer a sus representantes, y el Estado a los suyos, antes de que acabe el mes de julio, para que se pongan a trabajar a la vuelta de agosto.

Según han adelantado, el primer objetivo de este grupo de trabajo será fijar la cifra de infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas y, después, se debatirá sobre la armonización de tributos cedidos y los ajustes de población.