Dos autonomías rechazan la ruta autonómica de Montoro contra el déficit

La lucha por el déficit ha iniciado. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que mantendrá reuniones con las comunidades autónomas para establecer una serie de medias que permitan reducir el déficit excesivo. A menos de 24 horas de su anuncio, dos comunidades han mostrado su rechazo directo contra nuevos recortes en su administración, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha y Andalucía.

A pesar de que el ministro ha explicado que estas iniciativas, contempladas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son una respuesta a la Recomendación Autónoma enviada por la Comisión Europea el pasado 9 de marzo en la que se requiere al Reino de España para que tome medidas que garanticen una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, ambas comunidades autónomas han mantenido su postura contraria, en especial Castilla-La Mancha.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que su comunidad ya ha hecho los ajustes que debía hacer y, por tanto, está “en condiciones de, sin hacer absolutamente ningún ajuste nuevo, cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central para el ejercicio de 2016.

Asimismo, la consejera de Hacienda de Andalucía, María José Montero, ha declarado de antemano que no recortarán en educación, sanidad ni derechos sociales y ha pedido al Gobierno “diálogo” para que “la recuperación económica" llegue a los ciudadanos que tienen una situación "más vulnerable”. Además, ha agregado que “no parece lógico que cuando está creciendo la riqueza de este país, el Gobierno plantee que las comunidades autónomas no la puedan incorporar en forma de mejora de su servicio público”.

Para evitar preocupaciones, el ministro ha puntualizado que no se pide a ninguna comunidad autónoma que haga recortes en el gasto público, pero sí que no lo incrementen por encima de la regla de gasto en relación con 2015. En este sentido, ha especificado que “todas las autonomías deben dar prioridad a que se mantengan los servicios públicos esenciales que reciben los ciudadanos, como la sanidad, la educación y el conjunto de la política social”.

No obstante, desde Hacienda han recordado que, según lo establecido en la normativa europea, en caso de no considerarse suficientes o efectivas las medidas tomadas, se podría producir un “step up” o aceleración el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que España está inmersa desde el 27 de abril de 2009, lo que última instancia, a la imposición de sanciones.