Covid-19: Iglesias pide la dimisión para los políticos que se han vacunado

El vicepresidente segundo califica esta actitud de "inaceptable éticamente y moralmente"

Jorge Aragón, consejero del CES; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno; Pedro C. Fernández, presidente en funciones del CES; Vicente Marbán, profesor de la UAH.
Covid-19: Iglesias pide la dimisión para los políticos que se han vacunado
mié 20 enero 2021. 13.20H
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, pide la dimisión inmediata de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos que han tenido la "desvergüenza de saltarse la cola" de vacunación y ponerse por delante de personas con dependencia.

“Son personas en una situación sanitaria de enorme fragilidad”, ha recalcado Iglesias, quien ha pedido así la dimisión con carácter inmediato "independientemente del partido en el que estén" de responsables públicos como el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.

El vicepresidente ha manifestado su "indignación" durante su intervención en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre 'El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia'.

Iglesias ha calificado esta actitud de "inaceptable éticamente y moralmente". "Las personas en situación de dependencia son personas en una situación social y sanitaria de enorme fragilidad y esta pandemia ha revelado hasta qué punto las personas más frágiles son las personas dependientes", ha reiterado Iglesias.


Superar desigualdades territoriales


El CES pide una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para mejorar la lucha contra la pandemia, tal y como recoge en el Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El Informe pretende ayudar a reforzar el SAAD frente a las debilidades que el coronavirus ha puesto de manifiesto y constata notables carencias en materia de información y evaluación. Este órgano consultivo del Gobierno opina que la reactivación del diálogo social en atención a la dependencia brinda la ocasión para abordar de manera consensuada estrategias de coordinación sociosanitaria en el marco del SAAD. Además, entre otras medidas, pide integrar la perspectiva de género y superar las desigualdades existentes entre territorios.

Asimismo, el CES insta a superar las dificultades de la gobernanza del sistema y las desigualdades territoriales, reclamando un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios en el mundo rural.


Diálogo del Gobierno con los interlocutores sociales


Uno de los objetivos de el órgano es facilitar el diálogo social. Además, también pide mejorar la prevención en favor de la calidad de vida de las personas y de la sostenibilidad económica del propio sistema; elevar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; optimizar el propio sistema de información del SAAD y resolver los déficits de evaluación.


Superar la visión "edadista"


El Informe llama a superar la visión “edadista” de la dependencia y recuerda que, en 2019, se le había reconocido el derecho a la atención a la dependencia a 1,3 millones de personas, según datos del SAAD. En este sentido, señalan la necesidad de analizar el importante impacto en la salud y el deterioro de la autonomía personal que la soledad no deseada, la pérdida de contacto social y las consecuencias emocionales de la pandemia están teniendo en las personas dependientes que permanecen en sus hogares y han dejado de recibir servicios o no han logrado acceder a ellos.

De cara al futuro, el CES lamenta que casi un 20 por ciento de la población en situación de dependencia reconocida no reciba atención y piensa que, una vez superada la emergencia, urgirá revisar en profundidad el sistema de cuidados a las personas dependientes para resolver problemas entre los que destacan las “listas de espera”, cuya reducción constituye una prioridad en el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

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