Se ampara en que el TC tendrá que pronunciarse ante la norma al haber tramitado los recursos de inconstitucionalidad presentados por las autonomías



27 jul. 2012 0:18H
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Redacción / María Márquez. Madrid
María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo hasta el pasado 23 de julio, día de la toma de posesión de Soledad Becerril, ha desestimado las peticiones de colegios de médicos, asociaciones, organizaciones sindicales y profesionales (“un elevado número”) para que la entidad que representa interpusiese un recurso de inconstitucionalidad contra el RD 16/2012. Así consta en el dictamen remitido a los interesados, entre los que se encuentran la CESM y Satse, entre otros.

Cita a Andalucía y Asturias... pero el de Navarra es el único recurso admitido

María Luisa Cava de Llano.

En su exposición de motivos, Cava del Llano justifica su decisión con que “otros sujetos con legitimación procesal activa” han recurrido con el mismo objetivo ante el Tribunal Constitucional (TC) que deberá, tal y como reza el texto, “pronunciarse sobre la norma y los preceptos respecto de los cuales se ha solicitado de esta institución la interposición de recurso”.

Y si bien el dictamen menciona las acciones emprendidas por la Junta de Andalucía y el Principado de Asturias, no hace lo propio con el País Vasco, cuyo Gobierno autorizó la queja ante el TC el pasado 29 de mayo. Aunque lo cierto es que por el momento solo Navarra ha conseguido que el Constitucional admitiese a trámite su recurso contra la norma sanitaria, tal y como aparecía en el Boletín Oficial del Estado del pasado martes 24 de julio.

Al considerar que “el pronunciamento que finalmente se produzca resolverá las diversas cuestiones de legitimidad constitucional”, dicha institución ve “innecesario” pronunciarse sobre las solicitudes presentadas.

Satse volverá a intentarlo

Satse ha sido el primer colectivo en comunicar su valoración sobre la decisión de Cava del Llano. El sindicato de enfermería asegura que "no dudará en volver a pedir la ayuda de la institución para que derechos como el de la protección a la salud, la igualdad o la cobertura universal no sean vulnerados". Al mismo tiempo valora positivamente las recomendaciones de la institución al Gobierno para "adoptar medidas complementarias que produzcan el acceso efectivo a la protección de la salud para colectivos en situación vulnerable y que han quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario", entre otras.
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