"Son necesarios espacios de crónicos entre hospital de agudos y residencia"

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, Justo Herrera Gómez ha sido director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, y en el ámbito estatal subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Ministerio de Sanidad. Desde hace un año es vicerrector de Economía e Infraestructuras de la Universitat de València, donde también ejerce su labor docente. 

Redacción Médica conversa con él de la crisis del coronavirus, dentro de la serie de entrevistas a protagonistas del ámbito de la salud recogidas en el documento 'Lecciones Covid-19 (qué ha aprendido el sector sanitario español ante la pandemia)'.

¿Cuáles son los aciertos y errores que considera que se han cometido durante esta crisis?

Creo que, pese a la extrema gravedad y dificultad de la situación, la actuación del Gobierno ha acertado en las dos cuestiones principales. La declaración del Estado de Alarma el pasado día 14 de marzo era imprescindible para la actuación coordinada y congruente de los diferentes territorios y departamentos ministeriales. Y, por otro lado, está el papel que se ha dado a los técnicos, especialmente de salud pública, y el respeto a sus decisiones por parte del Gobierno (comparémoslo si no con el espectáculo de las ruedas de prensa de Donald Trump).

Pero también a nivel colectivo hay que calificar como clave:

• La respuesta ejemplar de todas las trabajadoras y trabajadores de los sectores esenciales.
• Y por supuesto, la mención especial que merecen las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública y las que trabajan en las residencias de personas mayores.

Pero implementar todo esto está siendo muy complicado. Yo hablaría de un grave error refiriéndome sobre todo a los palos en la rueda que se están poniendo desde los dos principales partidos de la oposición. Su estrategia de mantener el acoso y derribo al Gobierno durante este tiempo, no sé si se hace a sabiendas o por torpeza, pero está generando un caldo de cultivo muy peligroso, teniendo en cuenta el panorama de 'crack' económico que tenemos por delante.

Tampoco han ayudado en nada, los constantes pulsos de algunos responsables autonómicos, jugando a buscar una notoriedad en una carrera de protagonismos y egos que desorienta a la ciudadanía, cuando lo que se necesitan son mensajes claros y unívocos.

Un ejemplo de a lo que me refiero lo estamos viendo en estos días. En esas prisas por precipitar los acontecimientos ante las expectativas de una cierta vuelta a la normalidad (ese concepto que se ha bautizado como desescalada). En un momento en el que todavía la comunidad científica no tiene identificada la situación real de contagios en cada país, cómo se va a comportar la pandemia en las próximas semanas o meses, o qué consecuencias podría tener un paso en falso por la precipitación a la hora de relajar las medidas de confinamiento (que es lo único que a día de hoy tenemos claro: que son efectivas), hemos entrado en una especie de carrera por volver a la actividad económica, que estamos anteponiendo a la prudencia de que se clarifique antes la situación.

Nadie desea que los tiempos para volver a una nueva normalidad se alarguen ni un día más de lo estrictamente necesario. Pero aquí lo importante no es el tiempo que transcurra en dar el primer paso, sino el que haya transcurrido cuando se dé el último.

Ante una crisis similar futura, ¿qué medidas deberían adoptarse ya de forma preventiva en cuanto a recursos humanos, recursos materiales, y gestión/organización?

Es muy arriesgado dar una visión de cómo va a ser todo cuando esto acabe. Lo único que parece cierto es que “la nueva normalidad”, no va a ser la normalidad de la que partíamos.

Analizando el alcance de los ámbitos de actuación, empezaría por decir que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe seguir siendo la institución fundamental para la prevención y gestión de las crisis sanitarias a nivel global.

Lleva años cumpliendo una función que tan sólo se ha cuestionado ahora que necesitamos culpables para imputarles la responsabilidad de lo que nos está pasando.

Pero la OMS no es una estructura de gobierno. En ese sentido, nuestro ámbito de acción más general es el de la Unión Europea. Después de este desastre debería dar un paso al frente, tanto en materia de monitorización y gestión de posibles crisis sanitarias del tipo de la pandemia de la Covid-19, como de capacidad de acción ejecutiva en la coordinación de medios, recursos y conocimientos del conjunto de países miembros.

La monitorización de enfermedades y coordinación en materia de Salud Pública tiene un excelente instrumento en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), y en el Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy). Pero su capacidad ejecutiva, es mejorable. Y estaría reforzada si tuviésemos en la Unión Europea una capacidad política para coordinar recursos de los Estados miembros, dotándola de una base normativa equivalente a la que ha podido utilizar el Gobierno español con el Estado de Alarma. Pero eso supone cesión de soberanía, y aún está por ver si los estragos de la pandemia llegan tan lejos como para que los Estados que aún interpretan que esto no va con ellos, cambien de manera tan radical su visión de lo que debe ser Europa.

Pero, tanto si se pudiese dar esa deseable reorientación de modelo europeo, como si no, el camino a seguir en España debe ser el mismo.

En tan poco tiempo, ya ha quedado más que claro que de esto nos está salvando, y nos va a sacar, la sanidad pública y los servicios públicos. Apostar por destinar más medios requiere empezar por taponar la puerta trasera que supone la gestión privada de ese dinero público. Por tanto, la primera medida deseable sería derogar la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS. La sanidad pública no sólo lo es por financiarse con dinero público sino por gestionarse públicamente.

El modelo de privatización de la gestión de la sanidad pública es disfuncional cuando se necesita un modelo fuerte e integrado (son un lastre para la gestión de la información, y la coordinación de recursos humanos y materiales), hace colisionar constantemente sus intereses de negocio con la propia sanidad pública, y escapan al control del dinero público al que sí se somete el resto del sistema (se habla de flexibilidad cuando lo que hay es impunidad a la hora de rendir cuentas).

El siguiente paso es un mayor compromiso presupuestario. El gasto público en Sanidad en España en 2018 fue del 5,9 por ciento del PIB. Un 44 por ciento se dedicaba a los gastos de personal, y el resto a gasto corriente e inversiones. Tan sólo pasar de un porcentaje del 5,9 por ciento al 7 por ciento del PIB, supondría unos 5.800 millones más para personal y 7.450 millones más para inversiones y suministros.

¿Y qué se puede hacer con eso? Evidentemente muchísimo. Esto nos permitiría la recuperación de los recortes en número de trabajadores y mejora de sus condiciones laborales que se habían producido durante todos estos años, y una mejora de equipos e infraestructuras más que notable. Si todo ese crecimiento fuese a creación de plantilla nueva, estaríamos hablando de 94.000 trabajadores más (un 18,5 por ciento más de la plantilla que en 2018).

Una parte muy importante de esos recursos se deberían destinar a la Atención Primaria y a la cronicidad. Tenemos que pensar en soluciones que aborden la eficacia de la asistencia sanitaria en períodos de estabilidad, y que a la vez nos proporcionen músculo y capacidad de respuesta ante crisis sanitarias extremas.

La Atención Primaria, no sólo tiene un papel fundamental de un cambio de modelo asistencial, sino que además hemos podido comprobar cómo ha jugado un papel fundamental en la primera línea de abordaje de la pandemia.

En cuanto a recursos materiales, el mayor compromiso presupuestario permitiría abordar las necesidades de inversión para tejer una red de espacios destinados a la cronicidad. Espacios que, en los momentos de normalidad permitirían ajustarse al nuevo panorama de necesidades asistenciales que requiere nuestro perfil poblacional, y que hubiesen sido un recurso puente muy útil en un escenario crítico como el actual. Escenario en el que entre las residencias de mayores y los hospitales de agudos no teníamos prácticamente nada.

Nuestro sistema no puede dotarse y diseñarse para episodios excepcionales como el que estamos viviendo. Pero a la vez que se rediseña, nos tiene que ofrecer, tanto soluciones para el período de estabilidad, como capacidad de respuesta y de reordenación en cualquier nuevo momento crítico que pueda llegar.

¿Qué podría aportar la Universidad que no haya podido hacer en la crisis actual?

La universidad pública ha hecho mucho más de lo que parece, pero aún podría tener un papel más destacado si cabe. Si la prevención para la gestión de futuras pandemias pasa por Europa y por el conocimiento, evidentemente la universidad pública española puede y debe ser uno de los agentes principales.

El 56 por ciento de la producción científica de nuestro país se genera en las universidades. Y de ahí el 90 por ciento es en las universidades públicas (informe de la Fundación CYD, 2018). Los siguientes sectores más productivos en investigación son los centros públicos pertenecientes al Gobierno (22 por ciento) y el sector sanitario (19 por ciento).

En cuanto al número de investigadores, en España el 46,9 por ciento de los investigadores están en las universidades. Porcentaje muy por encima de la media de la UE-28, que está en el 37,5 por ciento. Este perfil de la investigación en España y en Europa contrasta aún más con países como Japón, con el 20,5 por ciento, o Corea del Sur, con el 10,1 por ciento, donde el sector privado tiene un mayor protagonismo en la investigación.

De los 8 centros de investigación españoles que participan en alguno de los 17 proyectos seleccionados por la Comisión Europea para avanzar en los conocimientos sobre el virus de la Covid-19, 4 de ellos son universidades públicas o institutos vinculados a universidades públicas, 3 son centros públicos de investigación (entre ellos, el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC), y sólo uno es una empresa privada.

Por ello hablar de investigación en España, es hablar de investigación pública y del I+D de las universidades.

Además, el perfil de la investigación que se hace en nuestras universidades, cumple con el requisito de colaboración internacional. El 43,18 por ciento de las publicaciones científicas de nuestros investigadores universitarios se hacen con colaboración internacional.

Por tanto, apostar por la solución basada en el conocimiento y la ciencia, requiere apostar por dar un papel muy destacado a las universidades públicas españolas en la salida de esta crisis.

Antes hablaba de un propósito de alcanzar un porcentaje del gasto sanitario que fuese el 7 por ciento del PIB. Pero hay otro protagonista clave que tiene que entrar en el rediseño de prioridades de nuestro país. España dedica el 0,35 por ciento del PIB a la I+D en universidades. La media del grupo UE-28 es del 0,47 por ciento. Somos el penúltimo país después de Grecia en porcentaje de PIB dedicado a la I+D de las universidades, y aun así estamos entre los 5 primeros en resultados. Dinamarca con el 0,95 por ciento de su PIB dedicado a I+D en universidades, Suecia con el 0,89 por ciento, o Suiza con el 0,83 por ciento nos marcan un objetivo.

Hoy hablamos de que la investigación salva vidas. Si de verdad nos lo creemos, hay que apostar también por alcanzar un porcentaje del 0,8 por ciento del PIB para la I+D de las universidades. Sería una de las apuestas más eficaces si queremos enfocar la salida de la crisis sanitaria y económica de una manera seria y solvente.