'No' sindical a una primera oferta de subida salarial del 10% en el SNS

El Ministerio de Función Pública ha propuesto a los sindicatos un aumento de sueldo del 10 por ciento en la sanidad pública para el periodo 2025-28. Una oferta que las centrales (CCOO, UGT y CSIF) tachan en primera instancia de “insuficiente”, aunque apuntan que las negociaciones no están cerradas sino que continuarán este mismo jueves, 20 de noviembre, en un nuevo encuentro en el que esperan un plan más ambicioso por parte del departamento de Óscar López. Entre otras demandas, los sindicatos reclaman vincular la revalorización salarial al IPC, como ocurrió con las pensiones, además de un porcentaje extra para “recuperar el poder adquisitivo” perdido desde 2010, que cifran en más de un 20 por ciento. No obstante, el Ejecutivo ha desligado la subida salarial de la inflación en su proposición.

El Ministerio de Función Pública había convocado este miércoles a representantes de CSIF, CCOO y UGT para transmitirles una propuesta inicial de revalorización salarial para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el resto de administraciones públicas. Un encuentro que ha tenido como trasfondo el descontento de los sindicatos por el bloqueo de la negociación colectiva para establecer mejoras laborales y de sueldo en las plantillas. De no alcanzar un acuerdo, las centrales amenazan con acudir a la huelga.

Por el momento el momento se mantienen las distancias entre las partes. Al término del encuentro, las propias organizaciones sindicales han exteriorizado su rechazo a la propuesta que les ha hecho llegar la secretaria de Función Pública, Consuelo Sánchez, que pasa por un incremento del 10 por ciento de los sueldos para el periodo 2025-28. Dicho porcentaje no podrá ser superior al 4 por ciento en 2025 y 2026, según el Ministerio, porque se superaría el techo de gasto.

“Es inaceptable”, sentencian a Redacción Médica fuentes sindicales, que inciden en que desde 2010 los trabajadores públicos han perdido cerca de un 20 por ciento de poder adquisitivo debido al encarecimiento del coste de la vida. Precisamente, uno de los principales obstáculos radica en que la propuesta del Gobierno no está ligada al IPC, lo cual rompe las sensaciones que el Ejecutivo había transmitido en reuniones previas. Así las cosas, según CSIF, la subida salarial que propone el gabinete de López “no cubriría la subida de los precios, teniendo en cuenta en 2024 el IPC cerró en un 2,8 y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1 por ciento”.

Eso sí, pone en valor que Función Pública haya confirmado que se va a proceder a adaptar las retribuciones vinculadas al complemento de residencia e insularidad, así como las cuantías por razón de servicio (manutención y alojamiento).

UGT ha adelantado también que no aceptará "estos números, ni la cifra final ni la distribución de porcentajes, pues no se asegura el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos". "Un acuerdo plurianual de este tipo tiene que suponer garantizar el poder adquisitivo y, a partir de ahí, siempre lo dijimos, los empleados públicos no están para perder ni oportunidades ni para perder dinero".

Por su parte, CCOO ha reprochado al Gobierno que presuma de “liderar el crecimiento económico de la Unión Europea” y que haya modificado al alza su previsión de un 2,7 a un 2,9 por ciento para este año “mientras propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas y con un repunte preocupante de la inflación”.

Nueva reunión salarial este jueves

Aunque las negociaciones no están ni mucho menos cerradas. El propio Ministerio de Función Pública ha hecho público su compromiso de “estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales”, a las que ha emplazado a acudir a una nueva reunión este 20 de noviembre.

“El acuerdo marco que se está negociando contempla, entre sus objetivos, unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la Administración”, ha comunicado.

En las anteriores reuniones, Gobierno y sindicatos habían avanzado en el bloque del empleo público, concretamente en cuestiones como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación.