Unidad en la oposición a Sánchez para financiar vacunas de la meningitis B

El debate sobre financiar las vacunas contra la meningitis B parece que, por el momento, sí logra un consenso. Una posibilidad que seduce a los principales grupos de la oposición pero que genera dudas entre los que sustentan el Gobierno: ni PSOE y Unidas Podemos aseguran su apoyo a la iniciativa.

La falta de acuerdo inicial deja en el aire la viabilidad de la propuesta del PDeCAT, que pretende presionar al Ejecutivo para que la compra de las vacunas contra la meningitis B se financie en todas las comunidades autónomas. Por ahora, solo los ciudadanos de Castilla y León, Canarias, Andalucía y la propia Cataluña pueden acceder de forma gratuita a este medicamento, cuyo precio ronda los 106 euros por dosis (se recomiendan al menos dos a partir de los tres meses de edad).

Esta opción cuenta con el apoyo inicial de los dos principales partidos de la oposición: PP y Vox. Fuentes del grupo popular indican en este sentido que, para solventar las “desigualdades” entre comunidades autónomas, la “única solución” es incluirla en el calendario vacunal “previa valoración de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones de Salud Pública” y “teniendo en cuenta aspectos como los generados por la Covid-19”. 

“Posteriormente, el Consejo Interterritorial tiene que valorar su inclusión en función de las evaluaciones realizadas con una base científico-técnica”, matizan.

En la misma línea se sitúa Vox. “Por supuesto que apoyaremos la iniciativa”, recalcan desde la formación ‘verde’. De hecho, recuerdan que ya registraron en el pasado iniciativas destinadas a promover “la elaboración y aprobación de una estrategia de prevención de infecciones invasivas” y “con especial atención” a la meningitis B. 

Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha optado por no posicionarse ante la propuesta del PDeCAT, tras haber sido consultado en numerosas ocasiones por esta cuestión.

ERC, a favor de la vacuna financiada

La iniciativa también cuenta con el apoyo de uno de los socios por excelencia del Gobierno. El grupo de Esquerra Republicana ve con buenos ojos la posibilidad de financiar públicamente la vacuna contra la meningitis B en todo el territorio nacional, aunque no ha aclarado el sentido de su voto en la proposición no de ley del PDeCat. "Siempre desde el respeto a las competencias que tenemos reconocidas, estamos a favor del compromiso público para este programa de vacunación y la decisión de la Generalitat es el mejor ejemplo", han explicado fuentes de ERC a Redacción Médica.

La formación ha puesto como ejemplo la política de gratuidad que ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya. La Conselleria de Salud anunció este mes una inversión de 9,7 millones de euros para incluir esta vacuna en el calendario público, lo que permitirá comenzar la pauta de inyecciones en los niños nacidos a partir de 2022. La partida ya estaba reservada desde noviembre, pero ha sido ahora cuando se ha activado ya la campaña en los centros de Atención Primaria. 

El grupo republicano en el Congreso se ha manifestado a favor de que esta estrategia se extienda en todas las comunidades autónomas de forma homogénea, aunque ha advertido que no será suficiente con una iniciativa parlamentaria, ya que tendrá que reservarse una partida económica para materializarlo. “Debería ir acompañado también de los recursos que esto conlleva para poder llevarlo a cabo”, han apuntado.

Podemos evita adelantar su posición

Por su parte, el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha preferido no valorar la proposición no de ley sobre la vacunación de la meningitis hasta que se produzca el debate en el seno político.

El Grupo Parlamentario Socialista traslada el asunto al Ministerio de Sanidad, que no se pronuncia acerca de la propuesta del PDeCAT. El órgano ministerial apunta que lo deseable es que los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial sean "respetados", pero matiza que la competencia para la implantación de un acuerdo corresponde a la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado "no tiene competencia para exigirla".