Podemos quiere un examen público para validar títulos de Medicina privada

Podemos quiere endurecer los requisitos para obtener títulos de Medicina y del resto de ramas de Ciencias de la Salud en las universidades privadas. En una de las diez enmiendas registradas a la Proposición de Ley del PSOE para modificar el sistema universitario, los de Ione Belarra, a través del Grupo Mixto, plantean que, una vez superado los planes de estudios oficiales de grado, máster o doctorado en una institución privada, los aspirantes pasen una prueba teórica organizada por una universidad pública de su provincia para poder obtener el título. Por lo demás, desde Podemos se propone suprimir toda financiación pública a las universidades privadas.

La actual Ley Orgánica del Sistema Universitario, vigente desde 2023, permite dotar parcialmente de fondos públicos a las instituciones universitarias privadas. El partido de Belarra exige eliminar esa opción y añadir en el artículo 100 la siguiente frase: “Las administraciones públicas no podrán financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados”. En la misma línea, se plantea suprimir la posibilidad de que un centro o universidad privada pueda adscribirse a una universidad pública, cuya financiación nunca podría ser inferior al 0,8 por ciento del PIB.

Si prosperaran las enmiendas de Podemos, las instituciones privadas con grados de Medicina sólo podrían obtener el reconocimiento si, en el ejercicio anterior, un 10 por ciento de sus solicitantes de plaza no hubieran sido escogidos para cursar alguna titulación “cumpliendo los requisitos académicos mínimos”. El partido también reclama que las Universidades de la Iglesia Católica estén obligadas a adaptar su estructura a todo lo previsto en la ley orgánica para las universidades privadas o que, en su defecto, soliciten su adscripción al sistema público.

"Acceso igualitario" a las prácticas en Medicina

La Proposición de Ley del PSOE, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad se cerró recientemente, busca “salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas” cuando estas sean curriculares.

Los socialistas consideran “fundamental” que este tipo de prácticas obligatorias “no impliquen, en el momento de acordarse, una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino”. El objetivo es “evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario”.

Enmienda a la totalidad del PP

El Grupo Popular del Congreso registró una enmienda a la totalidad arguyendo que el texto propuesto por el PSOE no tiene en cuenta “ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades”. Según los de Alberto Núñez Feijóo, la escasez de empresas en algunos territorios limita la disponibilidad de plazas de prácticas, lo cual obliga a las universidades a articular diversas fórmulas de colaboración.

En el caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud, “la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios es imprescindible para la formación clínica del alumnado”, según los populares. El PP aboga por mantener el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero sin imponer restricciones que comprometan la viabilidad de los convenios.

El coto paralelo del Gobierno a las universidades privadas

Esta iniciativa legislativa con sello socialista es distinta al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en octubre para endurecer los criterios de creación de universidades privadas. Entre otras cosas, esa norma obliga a las universidades a invertir el 5 por ciento de su presupuesto en investigación, y a captar recursos externos equivalentes al 2 por ciento.

Para garantizar una “formación de calidad”, se exigen que al menos el 50 por ciento del profesorado sea doctor, y como mínimo el 60 por ciento debe tener experiencia acreditada en investigación. Las entidades también han de ofrecer un mínimo de titulaciones en grado, máster y doctorado de al menos, tres ramas del conocimiento, lo que implica también contar con un número mínimo de 4.500 estudiantes.