Luz verde en el Congreso para empezar a castigar terapias de conversión

La Proposición de Ley del PSOE que penaliza con la cárcel las terapias de conversión a personas Lgtbiq+ iniciará su trámite de enmiendas después de que el pleno del Congreso haya aprobado su toma en consideración con 311 votos a favor. “Las personas trans no son enfermas, ningún médico les puede decir lo que son o no”, ha promulgado el socialista Víctor Gutiérrez dirigiéndose a la bancada popular tras criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por haber “eliminado la obligación de sancionar” este tipo de prácticas. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra de la iniciativa. Al igual que l PP, ha defendido la libertad a la orientación y la identidad sexual, pero ha acusado a los socialistas de querer criminalizar y restar competencias a los médicos.

Penas de cárcel

Lo que se plantea en la proposición de ley es incluir un nuevo artículo en el Código Penal -el 173 bis- que establezca penas de entre seis meses y dos años de cárcel para todo aquel que “aplique o practique” sobre una persona “actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión”, ya sean “psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza”, que se destinen a “modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género” y que afecten a “su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”.

Esa horquilla de castigo penal se aplicará en su mitad superior -es decir, que, como mínimo, será de un año y tres meses de cárcel- cuando la víctima sea menor de edad, cuando se haya usado “violencia, intimidación o engaño” o se haya abusado de “una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia”; cuando el culpable pertenezca a una organización o asociación, aunque sea de forma transitoria, que se dedique a practicar esta clase de terapias; y cuando el delito haya tenido fines lucrativos.

Según Gutiérrez, lo que el PSOE quiere conseguir con esta norma es “tipificar como delito lo que jamás debió tolerarse: que quien torture a alguien para extirparle su orientación profesional o su identidad responda ante la justicia, pierda su licencia profesional y, si se lucra, que pague con cárcel y con multa”.

Víctimas menores de edad

En efecto, para los casos en los que la víctima sea menor de edad, en el proyecto legislativo también se establece la posibilidad de que, quien sea declarado culpable, sea inhabilitado durante cinco años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, que conlleve “contacto regular y directo” con menores de 18 años.

“En la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho es proteger a los menores” y “capacitar a los médicos y a los padres en algo tan trascendente como es el hecho de transitar de una realidad a otra”, ha dicho el popular Jaime de los Santos para salir al paso de la acusación del diputado socialista. “El PP no va a abandonar ni a los médicos que intenten parar cualquier tipo de situación que sea irreversible y que pueda no estar dentro de la línea de la realidad, ni a aquellas criaturas que necesiten de su apoyo”, ha añadido.

En el mismo sentido, María Ruiz, en nombre de Vox, ha declarado “solemnemente” que su partido "ni ha estado ni estará nunca en contra de las personas homosexuales” y que, por tanto, está “en contra de las terapias de conversión”, entendiendo estas por “cualquier tratamiento consistente en la prescripción y suministro forzado de medicamentos, fármacos o cualquier otra práctica lesiva que atente contra la libertad individual de la persona con el fin de modificar de forma forzada, contra su voluntad, su identidad personal”.

En todo caso, Ruiz ha definido la proposición de ley socialista como “una auténtica aberración”: “Pretenden mandar a la cárcel a personas inocentes cercenando sus derechos fundamentales. Acusarán a quienes opinen que es más sano física y espiritualmente intentar reconciliar a las personas con su cuerpo antes que permitir que se mutilen de forma irreversible y se conviertan en enfermos crónicos de por vida. Acusarán a quienes traten de impedir que se administre a los preadolescentes bloqueadores de la pubertad, aun sabiendo que son medicamentos declarados peligrosos por la propia Aemps”.

Guía de buenas prácticas

Lo cierto es que, en febrero, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG -estos dos últimos a través del Grupo Mixto- ya registraron una proposición de ley para criminalizar las terapias de conversión de personas Lgtbiq+ a raíz de una propuesta del colectivo No es terapia. Como alternativa a esas prácticas, los cinco grupos parlamentarios abogaban por que las autoridades competentes en materia de sanidad elaboraran, junto a profesionales de la Psicología y la Medicina, una guía de buenas prácticas para el tratamiento clínico y psicológico, así como para el “acompañamiento apropiado para las personas Lgtbi con conflicto con su orientación sexual”.

En esa propuesta normativa no aparecía la firma del PSOE, y es algo que la mayoría de los partidos que la registraron han afeado al principal partido del Gobierno: “Os echamos de menos”, ha dicho la diputada de Sumar Tesh Sidi, que ha anunciado que su grupo registrará enmiendas al articulado de la proposición de ley socialista: “Hacen falta formación específica para profesionales de la salud y de la educación, protocolos de atención a la salud mental de las personas afectadas, acceso prioritario a la vivienda pública para estas víctimas y campañas de sensibilización desde muy pequeños”.

Noemí Perea, de Podemos, ha planteado mejoras similares a una propuesta legislativa que considera “insuficiente”: “Hace falta educación afectivo-sexual en las aulas, formación en diversidad en los centros de salud, acompañamiento psicológico digno y políticas de vivienda y empleo dedicadas especialmente a personas trans y del colectivo Lgtbiq+”. Además, ha lamentado que las prácticas de conversión sigan existiendo “en consultas” y “en gabinetes privados”, entre otros espacios como “centros religiosos”, en los que, “a veces” se disfrazan de “ayuda psicológica”.