La prioridad nacional sanitaria fracasa en el Congreso pese al apoyo del PP

Vox continúa en su empeño de llevar la prioridad nacional a las instituciones autonómicas y estatales. Tras los pactos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los de Santiago Abascal han vuelto a hacer resonar esta consigna en el Pleno de la Cámara Baja. Carlos Hernández ha sido el encargado de defender la propuesta ante los parlamentarios. Una vez más, se ha erigido como el defensor de una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a establecer el principio de prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. “Ni en España cabe todo el mundo, ni somos el hospital de todo el mundo”, ha defendido ante la Cámara. Sin embargo, la iniciativa ha vuelto a encontrarse con el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Eso sí, a la iniciativa de Vox se ha sumado el Partido Popular, que ha añadido una enmienda  en defensa de la prioridad de arraigo. En total, la iniciativa ha sido rechazada con 181 votos en contra.

El Partido Popular defiende la "prioridad de arraigo" en el Congreso

El grupo parlamentario Vox insiste en que el actual “modelo inmigratorio descontrolado” está teniendo un impacto especialmente significativo en la sostenibilidad de los servicios públicos, entre ellos la sanidad. En lo que respecta a la atención sanitaria, la bancada progresista asegura que los sistemas universales funcionan mejor porque favorecen la continuidad asistencial y el diagnóstico precoz, evitando que problemas que pueden resolverse en Atención Primaria se conviertan en un episodio agudo que necesite atención en urgencias o un ingreso hospitalario, favoreciendo así la eficiencia del sistema. 

Pero el argumento no consigue convencer a los de Abascal, que piden no solo extender este principio al acceso a las prestaciones y servicios públicos, sino también “promover la derogación o modificación de toda normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional”. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Partido Popular, que ha asumido este planteamiento en los acuerdos de gobierno sellados con Vox en las distintas comunidades autónomas. En esta ocasión, los populares han presentado una enmienda al texto. Luis María Beamonte ha sido el encargado de defenderla. “Resulta razonable atender a determinados criterios a la hora de prestar determinados servicios”. En este punto volvió a apelar al arraigo. No obstante, rechaza aquellas soluciones que considera contrarias al Estado de derecho y a la Constitución. “Defendemos una migración regulada y que las ayudas públicas tengan en cuenta el arraigo y la contribución real a la sociedad”, matiza.

Por parte del resto de grupos parlamentarios, el rechazo se ha vuelto a imponer en la Cámara Baja. Martina Velarde, de Podemos, ha criticado la iniciativa al asegurar que “no reduce las listas de espera ni refuerza la sanidad. No traen ninguna propuesta”. Por su parte, Jordi Salvador i Duch, de ERC, ha apelado a la desigualdad y a la confrontación durante su intervención. “Votaremos que no, no por caridad sino por razón de clase”, matizaba. En nombre de Sumar, Aina Vidal ha denunciado el "rascismo" de la propuesta.

Finalmente, Luis Alfonso Rey de las Heras, del PSOE, ha vuelto a apelar a la eficiencia del sistema. “Dicen que la inmigración está teniendo un impacto especialmente significativo en los servicios públicos, cuando en realidad hay diversos estudios que lo evidencian, y es que aportan un 70 por ciento más de lo que perciben”.

Resultado de la votación

Con todo, el debate de la Proposición No de Ley se saldó sin sorpresas en el Congreso de los Diputados. El resultado final fue de 181 votos en contra, 168 a favor, los de PP y Vox.